El problema de las viviendas irregulares en Mijas parece no tener fin. Los vecinos aseguran "estar viviendo un auténtico calvario" y no ven un horizonte posible a corto plazo. "Si yo supiera con certeza que dentro de un año esto iba a estar solucionado podría plantearme cómo afrontarlo, pero la incertidumbre es la que nos tiene en vilo. No sabes si el techo que te cubre pasado mañana te lo van a echar abajo", comenta María Ruiz, propietaria de uno de estos inmuebles.

Existen 3.700 construcciones ilegales repartidas por todo el término municipal. La única vía posible de salvación que se contempla se ampara en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aunque no todas podrán regularizarse por encontrarse en terrenos especialmente protegidos o en zonas inundables. Pero, ¿quiénes son los responsables de que la situación haya llegado a este punto? Unos culpan a los gobiernos locales que durante años han consentido estas construcciones, y otros a los propios vecinos que, aun siendo conscientes de la ilegalidad, han levantado sus edificaciones.

La cuestión es que ahora hay que buscar una solución que beneficie al mayor número posible de vecinos. La realidad es que muchas familias han invertido todos sus ahorros en las viviendas y una buena parte de las mismas no posee otro inmueble. Podrían quedarse en la calle y sin posibilidades de adquirir otra vivienda. "En mi caso sí tengo otra casa en Mijas pueblo pero hay muchos vecinos que no tienen mi suerte. De todas formas, he gastado todo lo que tenía de mi jubilación en mi estudio y sería injusto tener que deshacerme de algo por lo que he luchado tanto", comenta Francisco Castillo, residente en una de las zonas declaradas inundables.

Existe otro grave problema que intranquiliza a los vecinos: la crisis económica. Muchos de ellos han tenido que solicitar préstamos para pagar las multas coercitivas y se ven asfixiados. "En mi caso la situación económica no es buena. Queremos vender la casa para saldar nuestras deudas como hace mucha gente pero no es posible. ¿Quién va a comprar una vivienda en estas condiciones?", afirma una vecina. Todo este panorama ha provocado que los residentes hayan somatizado su malestar. "Sufro de fuertes dolores de cabeza. La ansiedad no me deja dormir", asegura María Ruiz, otra de las afectadas.

La situación es tan extrema en algunos casos que, incluso, hay personas a las que la presión les ha empujado a pedir el derrumbe de su vivienda para terminar con el problema. Ése es el caso de Isabel Martín que, tras quedarse viuda, solicitó que demolieran su construcción pues aseguraba que la salud de su difunto marido se vio agravada por los disgustos que le traía el inmueble que tenían en la zona de La Rosa, declarado ilegal, y que ella correría la misma suerte si no ponía remedio a tiempo. Finalmente, dicha estructura fue demolida e Isabel dejó de pagar las multas coercitivas.

El Ayuntamiento de Mijas ha anunciado estos días las medidas que se van a poner en marcha. El equipo de Gobierno tiene previsto elevar a pleno una moción para que los vecinos dejen de pagar las sanciones. Para ello, propone que las viviendas ilegales con expediente de regulación abierto reciban una orden de demolición. Estos trámites administrativos pueden extenderse en el tiempo, y en ese periodo se realizaría la revisión del PGOU para ver cuáles pueden legalizarse. A pesar de esto, y según marca la ley, no es posible aplicar la medida con carácter retroactivo, pero a quienes se les haya notificado ya alguna multa coercitiva pueden dejar de recibir las siguientes.

Otra de las herramientas que el Consistorio está utilizando para ayudar a una mejor resolución del problema es "la catalogación de las viviendas". Desde el área de Urbanismo se trabaja en el estudio de cada uno de los casos. En este sentido, los plazos para la demolición no serán iguales para las personas cuyo único inmueble sea una vivienda irregular, pues serán más amplios.

Para evitar que se siga construyendo en suelo no urbanizable las nuevas irregularidades que se detecten no podrán beneficiarse de la medida. En estos casos se procederá a aplicar la normativa en toda su extensión, incluyendo la imposición de hasta 12 multas coercitivas por el 10% del valor de la obra, así como a decretar la demolición.