Jueces y Junta discrepan del uso del aparcamiento

josé antonio sau. Málaga El lío es monumental y sólo puede acabar en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo pero, de momento, ha empezado el carrusel de declaraciones cruzadas. Los jueces, magistrados y fiscales dicen que las más de 160 plazas de aparcamiento ubicadas en el sótano de la Ciudad de la Justicia deben ser usadas única y exclusivamente por ellos debido a "estrictos motivos de seguridad". La Junta de Andalucía, de la que depende la organización del edificio, tiene el criterio de dejar pasar al parking a todos los funcionarios que trabajan en el inmueble hasta que se ocupen todas las plazas, sin distinción alguna por el cargo o trabajo que desempeñen.
Lo cierto es que el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Arroyo Fiestas; el decano, José María Páez, y el fiscal jefe, Antonio Morales, emitieron tres acuerdos el pasado 8 de julio en los que adjudicaban el uso del aparcamiento a sus respectivos gremios por motivos de seguridad y citaban, como fundamentos jurídicos de su decisión, las resoluciones tomadas en tal sentido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El acuerdo fue notificado a todas las partes en liza (Junta de Personal, Consejería de Justicia, Instituto de Medicina Legal y a la secretaria coordinadora provincial). En los documentos se daba un mes de plazo para recurrir. Sin embargo, nadie lo ha hecho desde entonces.
"Los acuerdos no han sido recurridos y, por tanto, son firmes y hay que cumplirlos", expuso Francisco Arroyo Fiestas.
La delegación provincial de Justicia, por su parte, señaló ayer que las determinaciones que contienen los acuerdos adoptados en julio pasado "conculcan los títulos de propiedad de la sede judicial reconocida a favor de la Junta de Andalucía, así como los títulos competenciales de la Consejería de Justicia, a la que queda adscrita la edificación en su consideración de afectada a sus competencias en materia de Administración de Justicia".
Tras la denuncia presentada por una magistrada contra un agente de la Guardia Civil por, supuestamente, prohibirle la entrada al aparcamiento al no haber espacio, la Junta asegura que el régimen de este aparcamiento "está regulado por un protocolo de funcionamiento de 8 de febrero de 2008".
Además, la Administración autonómica afirma que en el acuerdo de la Sala de Gobierno de fecha 30 de octubre de 2007 "se resuelve de forma expresa que no corresponde a los jueces decanos, al no estar dentro de sus competencias, dictar resoluciones en orden a la distribución de espacios y, en concreto, a la asignación de aparcamientos".