Nueva batalla de la ´guerra del parking´, una contienda que enfrenta a jueces, fiscales y magistrados, por un lado, y a los funcionarios, por otro. La lucha será larga, porque la judicatura está dispuesta a llegar al final, después de que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anulara el martes los acuerdos dictados por el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Arroyo Fiestas, y el decano, José María Páez, en los que los magistrados se adjudicaban el uso exclusivo de las 166 plazas del aparcamiento subterráneo de la Ciudad de la Justicia por motivos de seguridad.
El consejo afirmó que estas resoluciones no se ajustan a la legalidad y que les corresponde decidir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y a la comisión mixta (de la que forma parte la Junta). Fuentes de la judicatura consultadas por este periódico explicaron lo siguiente: "Lo que hicimos con estos acuerdos es tratar de provocar una resolución. Ahora, podemos recurrir". La siguiente escaramuza ya está planeada: los jueces y magistrados tienen decidido recurrir primero ante el pleno del consejo, órgano jerárquico superior a la comisión permanente, que fue la que anuló los acuerdos del 8 de julio. De ser contrario el fallo, están dispuestos a llegar hasta la Sala III del Tribunal Supremo (TS), en la que se dilucidan los recursos contencioso-administrativos. Para ello, presentarán un recurso de alzada, según las fuentes consultadas.
La rueda de la máquina echará a andar una vez que se les notifique el acuerdo del consejo, aún no recibido por la judicatura. "Vamos a seguir los cauces legales oportunos", sentenciaron las fuentes. Son las propias asociaciones profesionales las que podrían tomar la iniciativa.
Por otro lado, la delegada de Justicia de la Junta de Andalucía en Málaga, Blanca Sillero, ofreció ayer la primera rueda de prensa desde que accedió al cargo. Defendió la postura de la Administración autonómica, y ofreció "colaboración" a los togados.
En concreto, tendió la mano al decano, poniéndose a su disposición para saber qué mejoras y qué seguridad requieren los jueces para el aparcamiento exterior del edificio (ni siquiera habló del subterráneo). Además, se felicitó por el acuerdo del consejo: "No se ajustan a la legalidad –las resoluciones de la Audiencia y del Decanato–, por exceder las competencias que en orden al adecuado uso de los edificios judiciales se reconocen en el reglamento 1/2000, de Órganos de Gobierno de los Tribunales".
Sillero puso como ejemplo un posible techado del aparcamiento exterior, siempre que lo soliciten los jueces.
Sin embargo, los miembros de la judicatura esgrimen que el Supremo, y en concreto la Sala III, ya ha resuelto similares entuertos: "El reglamento general de la carrera judicial dice claramente que el uso de los medios materiales corresponde a los presidentes de audiencias y a los decanos". Es más, el TS ya dio plenos poderes al decano de Madrid para que dispusiera lo que entendiere sobre el uso de los aparcamientos de aquella comunidad.
Los jueces también lamentan que "los guardias civiles, siempre tan respetuosos, se hayan visto arrastrados a esta situación". No en vano, una magistrada denunció ante el juzgado de guardia a un agente por no dejarle pasar al parking al estar este lleno. La denuncia sigue su curso.
El secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Antonio Gaspar, afirmó ayer que "los miembros del Instituto Armado tienen el apoyo de las fuerzas policiales de la provincia". Al acto asistió su homólogo del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Así, exigió que se retire la denuncia contra su compañero y recordó que "estos funcionarios tienen derechos restringidos para defenderse, al ser militares". "Se han visto inmersos en un fuego cruzado entre la Junta y los jueces. No son armas arrojadizas", concluyó Gaspar.
