´Malaya´ tiene los pies de barro

josé antonio sau. Málaga Los número del ´caso Malaya´ hablan por sí solos: 103 procesados; más de 670 millones de euros blanqueados por los 26 principales testaferros de Juan Antonio Roca; una deuda de más de 500 millones heredada por el Ayuntamiento de Marbella; numerosas piezas separadas, etcétera... La lista podría seguir hasta el infinito. El sumario se ha convertido en un gigante y sólo admite comparaciones con ´Gürtel´ o con el procedimiento de ´Intelhorce´. Sin embargo, ese gigante tiene los pies de barro, porque en su incoación, en su nacimiento, podrían haberse producido diversos defectos de forma que sí han detectado las partes.
El primero y principal es una supuesta vulneración de las normas de reparto. Cuando un juez tiene conocimiento de la ´notitia criminis´, es decir, del hecho delictivo, debe formularse una denuncia ante el correspondiente juzgado de guardia y, poco después, la causa se turna entre los diferentes juzgados de instrucción (en Marbella hay 5).
En este caso, a finales de 2005 acudió Jorge González, jefe de los Servicios Jurídicos de Urbanismo, a declarar en una causa contra la ordenación del territorio que instruía Miguel Ángel Torres. El fiscal Anticorrupción también se hallaba presente. Tras la comparecencia de González, en la que se señala el grado absoluto de control que ostenta Juan Antonio Roca sobre el Ayuntamiento de Marbella, el juez optó por abrir un procedimiento penal de oficio.
Para las defensas, ésta fue una flagrante vulneración de las normas de reparto, ya que esa deducción de testimonio debería haber ido al juzgado decano y, de ahí, haberse turnado al instructor que le tocase. Desde el inicio, los defensores atacaron este punto, tanto en recursos de reforma que resolvió el propio Torres de forma favorable a sus tesis como en escritos de apelación ante la Audiencia Provincial. Ni que decir tiene que tanto el primero como la segunda instancia (la Sección III) protegieron el procedimiento y dieron la razón a los directores de la investigación.

Explicación. Como explicaba el juez Torres en enero de 2007, "en ese momento el fiscal no presenta una denuncia, lo que tendría que haberse hecho en el juzgado de guardia o en el decanato y, por tanto, haberse repartido, sino que se limita a poner en consideración del instructor la posibilidad de que se inicie una investigación".
Ahora, ese debate jurídico del pasado puede volver a ser plena actualidad, porque la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a instancias del defensor de los abogados del despacho madrileño que más y mejor blanqueó presuntamente para Roca, analizará antes de que concluya el mes si hubo vulneración de las normas de reparto. Y la palabra del Supremo será la más válida para zanjar el debate. Si anula el auto de incoación del procedimiento, tras esa supuesta vulneración, ´Malaya será un castillo de naipes en deconstrucción. De nada habrá valido todo el trabajo hecho, una labor especialmente destacable en el ámbito de la Fiscalía Anticorrupción (que aportó novedosas técnicas de investigación) y de la Udyco.
Para más inri, se han solicitado diversas nulidades también directamente ante el Tribunal Constitucional, sobre todo en lo relativo a la vulneración del derecho al secreto en las comunicaciones (las conversaciones telefónicas). Y todo ello llega justo cuando la semana que viene se iniciarán las vistas de apelación de 62 procesados (se celebrarán entre el 19 y el 30 de octubre), y a poco más de seis meses de que se inicie el juicio.
Por cierto, los abogados han criticado la falta de planificación para estas vistas al haber sido citados en conjunto para asistir a las sesiones. Julián Muñoz y Juan Antonio Roca serán los primeros. Piden que se les diga exactamente el día y la hora a la que tienen que acudir. Pero lo cierto es que la Audiencia ha efectuado un guión conciso en el que se indican las jornadas en las que tendrán que intervenir. Afinar más, quizás, podría ser temerario, dada la complejidad que podría tener únicamente la vista de Juan Antonio Roca.
Por otro lado, las cuestiones previas que se plantearán antes de que se inicie el juicio también serán una oportunidad interesante para comprobar si finalmente el tribunal se atreve a decidir sobre las normas de reparto y, por otro lado, si es capaz de anular las conversaciones telefónicas.
El segundo caso afecta a derechos fundamentales y ya se recuerda un asunto similar: en el juicio por el desvío de dinero en la Federación Andaluza de Asociaciones Romaníes (FARA), los magistrados anularon las grabaciones. Todos los acusados quedaron absueltos. ¿Caerá ´Malaya´ así? La pregunta inquieta a algunos.