Como si estuvieran ante el Muro de las Lamentaciones, los abogados defensores volvieron ayer sobre los mismos argumentos que han repetido una y otra vez durante la instrucción del ´caso Malaya´. Los que intervinieron ayer, en concreto representando a nueve de los procesados (han recurrido 62), en la vista sobre las apelaciones interpuestas contra el auto de procesamiento, abundaron en extremos parecidos: la investigación se hizo de forma precipitada, lo que provocó que se vulneraran derechos fundamentales de los encausados y, por tanto, o se anula parcial o totalmente la causa o se retrotraen las actuaciones al momento previo en el que se dictó el auto de procesamiento en julio de 2007. En definitiva, que se vuelva a investigar porque no saben de qué se les acusa.

El primero en abrir el fuego fue José Aníbal Álvarez, defensor de Juan Antonio Roca. "En Marbella no se movía nada sin las órdenes de Jesús Gil", afirmó. Su intervención se basó en restar credibilidad a las imputaciones efectuadas a su cliente en el auto de procesamiento. "Se dice que Roca dirigía el Ayuntamiento, pero ni era político ni funcionario", aclaró, al tiempo que insistió en que "ni un convenio ni una licencia han sido firmados" por su cliente.

El PGOU, según dijo, no lo diseñó Roca, sino el ex alcalde Gil. "Siempre fue Gil". Aclaro además que el hecho de que el gabinete jurídico de Madrid creara sociedades para el ex asesor de Urbanismo "no significa que sean utilizadas para cometer actos delictivos". Todas tenían, aclaró, "sustantividad real y no eran una fachada". Cumplían con sus obligaciones tributarias y fiscales y recibían préstamos bancarios.

Por otro lado, incidió en que Roca cifró su patrimonio en 20.000 millones de las antiguas pesetas, pero que se refería al pasivo (las cargas) y no al activo, conceptos que se habrían confundido.

Blanqueo. Reclamó además que se establezca entre qué fechas se produjo el blanqueo, "aspecto importante en cuanto a las prescripciones". Se quejó de que todos los imputados fueron detenidos, y, al estar abatidos, "muchos no sabían ni qué les estaban preguntando tras 72 horas en los calabozos". "Fueron confesiones interesadas para imputar a Roca", alegó. Por ello, exigió que se vuelva a la instrucción para concretar las fechas e importes que determinan la responsabilidad civil a pagar (1.000 millones de euros). También afirmó "que no se le ha preguntado a Roca a quiénes corresponden los acrónimos" hallados en la contabilidad de Maras, base para sustentar la existencia de sobornos.

Ignacio Prieto, representante de Julián Muñoz, afirmó que el procesamiento del ex alcalde "no fue motivado". "No es misión de la defensa deducir del relato de hechos cuáles se atribuyen a Julián Muñoz", al tiempo que alegó que el ex asesor de Urbanismo dijo que nunca le había pagado a Julián Muñoz. "El ex regidor nunca tomaba decisiones en urbanismo, se limitaba a firmar lo realizado por otros", indicó. "Todos los temas de urbanismo eran despachados por Roca". En la etapa anterior a la moción de censura, recalcó, era el ex asesor quien controlaba "de facto el urbanismo". En definitiva, Roca acusa a Jesús Gil y Julián Muñoz hace lo propio con el primero.

Pablo Luna, defensor de Marisol Yagüe, se preguntó lo siguiente, en un claro ataque al juez Torres: "¿Qué prisas se tenían para hacer el auto de procesamiento?". Sacó a colación el auto del ´caso Gürtel´ sobre los regalos recibidos por Francisco Camps, atacó los acrónimos de Maras y definió la investigación como un "maremágnum". "Dejemos las prisas", reclamó, al tiempo que pidió volver al juzgado de instrucción para, por ejemplo, interrogar a los policías que hicieron los informes.

Miguel Bajo, letrado de Tomás Reñones, recordó que la ex edil Carmen Revilla reconoció haber recibido sobornos, lo que dio la idea de que "si se confesaba algo en la línea del instructor, se podía salir en libertad". En relación a las iniciales, apuntó que "T. R. puede significar cualquier cosa" y recordó que se han interpuesto seis denuncias por falsificación de las actas de las comisiones de gobierno, donde se aprobaban las licencias.

En la misma línea se expresó Hipólito Marín, letrado de Lanzat, quien explicó que no se puede acusar de forma global, ya que los delitos deberían haberse achacado individualmente.

Iniciales. La opinión común es que las iniciales halladas en Maras deberían haberse reforzado con más pruebas, lo que no se pudo hacer por las prisas en acabar la instrucción. "Los acusados deben conocer de qué delito se les acusa", dijo. Es más, recordó que, en su opinión, el juez Torres vulneró las normas de reparto y, por tanto, "todo el proceso está contaminado".

Ernesto Osuna, letrado del concejal Rafael González, afirmó que Marbella no es competente para investigar esta causa, sobre todo cuando en la Audiencia Nacional ya se han instruido Saqueo I y Saqueo II, por lo que reclamó que se devuelva a la misma e incidió en la falsificación de las actas de las comisiones de gobierno.

José Manuel Vázquez (representante de Pedro Pérez), al igual que sus compañeros, se quejó de que hubo año y medio de secreto e, inmediatamente después, se dictó el procesamiento. Hoy habrá otros tres recursos de ex ediles.