Vecinos de Almogía han sido interrogados desde enero

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Como destapar una olla a presión. Así se sintió Almogía (4.300 habitantes) el pasado martes, cuando la Guardia Civil registró el Ayuntamiento y la Casa de la Cultura durante doce horas en busca de documentos sobre casas levantadas ilegalmente en suelo rústico. En concreto, los miembros del instituto armado tratan de explicar por qué, a pesar de haber incoado numerosos expedientes sancionadores y ordenado también muchas paralizaciones de obra, ni se paraban las edificaciones ni se efectuaban los derribos acordados.

Éste es el núcleo de la operación ´Almexia´. Jurídicamente, lo que se investiga son supuestas prevaricaciones omisivas, es decir, por qué funcionarios y determinados ediles hicieron presuntamente la vista gorda ante irregularidades urbanísticas. En concreto, las pesquisas se centran en más de un centenar de expedientes. O, por decirlo de otro modo, en explicar la escasa beligerancia municipal contra este tipo de viviendas.

Ayer comenzaron en la Comandancia de la Guardia Civil, en la capital, las declaraciones de entre 20 y 25 presuntos implicados. Dos comparecieron a lo largo del día y el resto lo hará en un paulatino goteo que durará varias jornadas. Están siendo imputados policialmente y, después, pasarán por el juzgado de Instrucción número 12, que lidera las pesquisas. Su imputación simplemente se realiza para que puedan comparecer acompañados de abogado. Después, la juez decidirá sobre los cargos de forma definitiva.

Además de la prevaricación omisiva, se investigan supuestos ilícitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad y alteración del precio de las cosas. El nudo gordiano reside en las resoluciones del alcalde, Cristóbal Torreblanca (PSOE), órdenes administrativas por las que el regidor paralizaba las obras. Otra cosa es que sus mandatos se cumplieran. En algún caso, incluso se llegó a legalizar una casa tras el pago de la correspondiente multa. Algunas de esas carpetas se agilizaron y otras, sin embargo, se dilataron durante años.

El itinerario de la investigación está claro: el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado detectó, en uno de sus barridos habituales, varias casas ilegales levantadas en suelo rústico hace diez meses. Acto seguido, abrió diligencias y se puso manos a la obra. ¿Cómo? Primero comenzó a interrogar, en la Comandancia, a vecinos afectados por estos expedientes (habrían pasado decenas por la capital); después, cuando el río de rumores sobrepasó la calificación de murmullo, se comenzó a pedir información al propio Ayuntamiento (ocho ediles del
PSOE, dos de IU y uno del PP). El secreto pesa sobre las actuaciones, pero todo el mundo sabía qué se investigaba.
Centrado el ´modus operandi´ de las pesquisas, la situación se hizo cada vez más insoportable y tensa en el Ayuntamiento. Todos estaban inquietos en el Consistorio. Por eso, el alivio fue inmenso el martes. Algunos se esperaban una escenificación judicial parecida a la de Alcaucín. Pero nada de eso ocurrió. Se inició un registro minucioso, con el equipo de gobierno presente. Pero sin esposas. Sin horas interminables en los calabozos.

La efervescencia subió muchos enteros en el Ayuntamiento cuando, ya hace meses, a los vecinos que declararon en Málaga se sumó la comparecencia de una funcionaria como imputada ante el Instituto Armado. Ello abrió la espita del miedo. Esta mujer volvió a declarar ayer, como imputada, en la Comandancia de la Guardia Civil. Quedó libre a la espera de que la juez concrete sus cargos, una vez que se analice la documentación. Hoy comparecerán en el mismo lugar otras tres personas.

Lo cierto es que el alcalde, Cristóbal Torreblanca, estuvo toda la mañana de ayer muy tranquilo. Se reunió con su abogado, José Carlos Aguilera, quien se felicitó de que no hubiera detenciones.

El Ayuntamiento ha abierto desde 2003, y hasta este ejercicio, 277 expedientes de disciplina urbanística, emitiendo 262 órdenes de paralización de obras. Lo que demostraría la beligerancia del gobierno local contra las casas levantadas sin licencia en suelo rústico y sobre las edificaciones que fueron permitidas y acabaron siendo viviendas, a pesar de nacer únicamente como naves de aperos de labranza. Uno de los vecinos llamados a Málaga habló sobre la obra que realizó su constructora en la parcela rústica propiedad de un funcionario y de su hermano. Otro dijo que, en el Consistorio, le indicaron que terminara su casa y que, después, le impondrían la correspondiente multa. Torreblanca está "tranquilo" y sobre todo "aliviado" tras haberse desarrollado todo sin detenciones.