El alcalde de Almogía, en libertad con cargos tras declarar durante 3 horas

LA OPINIÓN. MÁLAGA El alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca (PSOE), imputado en la investigación judicial sobre el urbanismo de dicha localidad, quedó anoche en libertad con cargos tras prestar declaración ante la Guardia Civil. La comparecencia de Torreblanca se prolongó durante más de tres horas y concluyó en torno a las 22.00 horas, según informaron fuentes cercanas a la investigación, que explicaron que el alcalde se queda en libertad hasta que comparezca ante la juez instructora de la operación ´Almexia´.
A su salida de la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga, Torreblanca, que también es diputado provincial, eludió hacer declaraciones a la prensa. Torreblanca comunicó el pasado martes a la dirección del PSOE en Málaga que si era imputado, renunciaría a la alcaldía, en la que lleva 26 años, así como a su acta de concejal, y se daría de baja en las filas socialistas.
Además del alcade, otros tres imputados en la investigación relacionada con el urbanismo de Almogía quedaron ayer en libertad con cargos tras declarar ante la Guardia Civil, entre ellos un segundo policía local, un ex secretario del Ayuntamiento y un familiar del otro agente imputado. Fuentes cercanas a la investigación informaron de que estas tres personas han quedado en igual situación que los dos que comparecieron el pasado miércoles (una funcionaria municipal y el primer policía). Algunos de los imputados se negaron a prestar declaración y uno que no pudo acudir el miércoles a la comandancia del instituto armado en Málaga lo hizo ayer.
En esta operación judicial, denominada ´Almexia´ (nombre árabe de Almogía) y dirigida por el juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, han sido imputadas una veintena de personas, más de las previstas inicialmente tras un primer examen de la documentación incautada en el registro el pasado martes de las dependencias municipales. Los agentes del instituto armado intentan dirimir si ediles y funcionarios municipales en Almogía han cometido los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad y alteración del precio de las cosas.
En estas primeras declaraciones las preguntas se orientan a averiguar el motivo por el que no se cumplían los expedientes sancionadores –que en algunos casos ordenaban demoliciones o paralizar construcciones en suelo rústico–, así como a determinar cómo se regía el importe de las multas. La investigación judicial se inició a principios de este año, aunque transcurrieron varios meses hasta que intervino la Fiscalía de Medio Ambiente. En los últimos seis años, el Ayuntamiento de Almogía incoó 283 expedientes de disciplina urbanística por construir en suelo no urbanizable, la mayoría relativos a viviendas y chalés edificados en el campo y a la conversión de casas de aperos en vivienda, según IU.
Sobre esta investigación, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Salvador Pendón, aseguró ayer que Málaga "no es asiento de todos los males relacionados con el urbanismo" y añadió que "ya está bien de tantas miradas puestas en la provincia" motivadas por este asunto. De este modo, Pendón señaló que las irregularidades urbanísticas "no están limitadas al territorio de la provincia de Málaga" y que "parece que somos un oasis en medio de un desierto de bondad urbanística".
"Las irregularidades que se aprecien –dijo el presidente de la Diputación– hay que tratarlas como en un sistema democrático, con la intervención de la justicia y la asunción de responsabilidades por parte de quien las tenga".