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JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA La comisión federal de Arbitraje y Garantías Democráticas de Izquierda Unida ha dejado sin efecto la sanción de expulsión de la coalición del concejal del Ayuntamiento de Málaga Antonio Serrano, después de resolver favorablemente el recurso presentado por el edil, según confirmó ayer Nuria Buesa, que preside dicha comisión.
La resolución del comité de Garantías, que se reunió en Madrid el pasado 10 de octubre, revoca la sanción de expulsión impuesta a Serrano por la comisión ejecutiva provincial de IU de Málaga, en septiembre de 2007, y ratificada posteriormente por la comisión de Garantías de Andalucía, en febrero de este año.
La decisión de esta comisión nacional supone devolver a Serrano todos los derechos y garantías, lo que le permitirá volver a ser militante de IU a todos los efectos. La expulsión de Serrano, ahora anulada, lo fue por "falta muy grave" y tiene su origen en las declaraciones públicas que realizó Antonio Serrano el 28 de junio de 2007, tras la celebración de un pleno del Ayuntamiento de Málaga, en las que mostró su disconformidad con la distribución y el reparto de trabajo decidido por el otro concejal y portavoz del grupo municipal, Pedro Moreno Brenes, para formar parte de las distintas comisiones y organismos municipales del Ayuntamiento. La incoación del expediente disciplinario fue solicitada por el propio Pedro Moreno y por el entonces coordinador local de IU, José Antonio Cabezuelo.
Alegaciones. Como consecuencia de ello, Serrano quedó como simple concejal sin representación en ninguno de los órganos o comisiones municipales, que fueron asumidas en su totalidad por Moreno Brenes. El recurso presentado por Antonio Serrano rechazaba todos los argumentos expuestos por la dirección provincial de IU para expulsarle y consideraba que su sanción estaba "basada en motivos manifiestamente arbitrarios". Serrano defendía la "legitimidad" del derecho a la crítica, así como el ejercicio de libertad de expresión y manifestación de crítica sobre decisiones tomadas, ya que ese derecho se encuentra amparado en los estatutos de Izquierda Unida.
Por ello, el concejal consideraba que no había incurrido en ninguna conducta contraria a las resoluciones y acuerdos dictados por los órgano de dirección y negaba no haber respetado las decisiones adoptadas por IU.
Antonio Serrano rechazó ayer hacer cualquier tipo de valoración sobre esta decisión, ya que aseguró que desconocía el sentido de la resolución adoptada por la comisión de Garantías. "De haberse producido la resolución, yo aún no la conozco", dijo.
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