Las defensas usan ´Gürtel´ para explicar los sobornos a Roca

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, se libró por los pelos de acabar sentado en el banquillo de los acusados. La causa contra él fue sobreseída por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), que entendió que no había incurrido en cohecho por haber aceptado trajes valorados en 10.000 euros por parte de uno de los imputados en ´Gürtel´. El que se los regaló era un particular y no resultó beneficiado con ningún acto administrativo: por tanto, no hay delito.

Esta tesis fue esgrimida ayer por algunos abogados defensores del ´caso Malaya´ en la vista de apelación sobre el auto de procesamiento dictado por el juez Torres en julio de 2007. Con estos argumentos intentaron explicar los sobornos supuestamente pagados a Juan Antonio Roca, ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.

El letrado del constructor Manuel Lores Romero, propietario de un hotel, fue uno de los que usó ´Gürtel´. Primero negó los pagos, para después reconocer que se ha localizado una entrega legal, de 300.000 euros, que el empresario destinó a adquirir los aprovechamientos medios de su parcela. Además, la licencia de obras, según el letrado, la concede el Ayuntamiento 40 días antes de que se produzca el supuesto acto injusto. "Como ocurre en el ´caso Gürtel´, el TSJV ha sobreseído la causa, ya que, a pesar de que Camps recibió trajes por 10.000 euros, no hubo contraprestación por la dádiva. Yo no he visto que Roca Nicolás sea funcionario", dijo.

El defensor de Eusebio Sierra, empleado de una promotora, recordó que la empresa de su defendido "no obtuvo recalificaciones ni aprovechamientos urbanísticos". El convenio se firma en 1994 y en 1998 se concedió la licencia. Las anotaciones sobre los supuestos sobornos aparecen en los archivos de 2002. "¿Cómo conectar estos actos que distan ocho y cuatro años de las entregas? Además, esas obras son reales", reflexionó. El ex asesor, en su opinión, no pudo pedir una comisión por un acto lícito. En ese caso, recalcó, "estaríamos ante un cohecho impropio, lo que no le afecta al particular", en clara alusión al ´caso Gürtel´.

Hubo momentos destacados, como cuando el letrado del ex presidente de Portillo, Joaquín Martínez Vilanova, recordó que, antes de que se le concediera a la empresa, en marzo de 2006, el servicio municipal de transporte, "fueron continuas las peticiones de dinero" a su representado. "Hubo amenazas y presiones continuas por parte de Roca y del edil de Tráfico, Victoriano Rodríguez", dijo.

El representante procesal de los tres máximos dirigentes de la constructora Aifos –Jesús Ruiz Casado, Jenaro Briales y ´Kiko´ García Lebrón– se limitó a asegurar que se habían conculcado los derechos fundamentales de sus patrocinados.

José Soldado, letrado de José Andrés León Rull, contable de Aifos, se despachó a gusto con la empresa. De entrada, negó que su defendido tuviera constancia de los pagos y señaló la existencia de una empresa del grupo que Ruiz Casado, presidente y máximo accionista de la misma, "usaba para los pagos pendientes de justificación". El letrado sacó a relucir la declaración de Briales ante el juez Torres, en la que reza: "La decisión de pagar a Roca la tomaron el declarante, Jesús Ruiz Casado y Kiko García. Nadie más en la empresa".

El abogado de Rafael Gómez ´Sandokan´, Antonio Urdiales, insistió en que su defendido sería víctima de una estafa y no el beneficiado por el soborno. El delito sólo puede ser cometido por el funcionario "con competencias para ralentizar la función, porque si no es una estafa a los ciudadanos". Criticó duramente las iniciales halladas en la contabilidad de Maras y afirmó que se han cometido muchas irregularidades en este caso.

El abogado de Cristóbal Peñarroya calificó la investigación de "matrix jurídico porque todo es pura invención", y recordó que su cliente está procesado por pagar para obtener una licencia que ya le había sido concedida.