Conceden el tercer grado al hermano de Marisol Yagüe

josé antonio sau. Málaga La Junta de Tratamiento de la cárcel de Alhaurín de la Torre propuso, en su sesión del 15 de octubre, la concesión del tercer grado al ex concejal marbellí Juan Antonio Yagüe, hermano de la ex alcaldesa de la localidad, Marisol Yagüe, implicada en el ´caso Malaya´. En un mes, tendrá que contestar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, lo que permitirá al ex concejal pasar de la prisión al Centro de Inserción Social (CIS), donde dormirá los días laborables.
El tercer grado se le concede únicamente por los delitos urbanísticos por los que ya ha sido condenado. En noviembre de 2006, la Fiscalía instó al Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga a que se ejecutara la pena de un año impuesta por un delito contra la ordenación del territorio. Al menos tiene otras dos condenas por ilícitos similares. El juez emitió una orden de busca y captura y su respuesta consistió en huir a Venezuela, donde pasó dos años y medio, hasta su entrega voluntaria en el aeropuerto de Barajas el pasado 3 de junio. Dijo que no quería sentirse "cabeza de turco" y pretendía evitar la cárcel hasta que se normalizase el panorama judicial.
Tiene varias causas urbanísticas pendientes, por lo que, si es considerado culpable, estas penas, una vez que se ordene su ejecución, se refundirán con la que cumple ahora y volverá de nuevo a prisión. Por estos asuntos pendientes disfruta ahora mismo de la libertad provisional. Sin ir más lejos, hoy ha sido citado para la celebración de cinco juicios por casos que tiene pendientes –dos ya tuvieron lugar cuando se presentó en España, aunque no se han ejecutado las sentencias–. También podrían desarrollarse otras vistas sobre asuntos con los que ya hay acuerdo con la Fiscalía.
"Recibe el tercer grado por las penas que cumple actualmente. No por las que le quedan. Eso se verá en su momento", explicaron fuentes judiciales.
Yagüe se ha sumado al acuerdo entre la Fiscalía y el resto de ex concejales del GIL por la concesión de licencias urbanísticas. En su caso, acepta haber concedido licencias para viviendas ilegales en varias ocasiones a cambio de una pena de cárcel de 15 meses y diez años de inhabilitación.
Una vez que decidió volver, fueron avisados los jueces encargados de juzgarlo y la Fiscalía; se realizaron gestiones en la Embajada de España en Venezuela para la obtención de un salvoconducto y también se dio a conocer la noticia de su llegada a la prisión de Alhaurín de la Torre. Ingresó en la cárcel madrileña de Soto del Real, para ser trasladado después al centro penitenciario provincial.
Él mismo llegó a firmar un acta en la que hacía constar que su entrega a las autoridades judiciales españolas era voluntaria.

Libertad definitiva. También recibió ayer el certificado definitivo de libertad Marisa Alcalá, en tercer grado desde hace varios meses tras ser condenada en diversos asuntos urbanísticos. Los defensores de la edil han aplicado el novedoso sistema de acumulación de penas ya aplicado por los defensores de Julián Muñoz, Diana Hinojosa y Pablo Lazarraga. Así, se acumulan todas las penas impuestas de forma que se aplica el triple de la mayor condena, según se recoge en el artículo 76 del Código Penal.