La Fiscalía investiga 50 casos de pornografía infantil en Málaga

josé antonio sau. Málaga Los datos son escalofriantes. La Sección de Criminalidad Informática (SCI) de la Fiscalía de Málaga se creó en febrero de 2009 bajo la coordinación de Jacobo Fernández-Llebrez Castaño. Muy poco tiempo. En sólo nueve meses, este acusador público impulsa la investigación de medio centenar de casos de pornografía infantil.
No se puede establecer una comparación fiable dado que este área no existía en 2008, pero el pasado ejercicio la Guardia Civil y la Policía Nacional efectuaron 27 golpes contra la pederastia ´digital´ en la provincia.
Tal y como reconoce este fiscal, "no hay un perfil exacto de los detenidos, pero sí algunos rasgos comunes: normalmente son varones que tienen alrededor de 40 años y que se descargan pornografía infantil a través del Emule".
Otro caso que se da es el de aquel ´ciberpedófilo´ que entabla contacto con un menor a través del chat. Después, le introduce un virus troyano en la máquina, de forma que puede controlar todos sus resortes, incluida la cámara web. Durante algunas semanas, el acosador graba y fotografía en varias ocasiones al chiquillo y, ahora, pasa a la acción y le amenaza con mandar esa información a sus padres y amigos si no hace lo que él quiere. Por ello, es esencial concienciar a los más pequeños de los peligros que encierra la web, de ahí que el fiscal haya impartido diversas charlas en colegios de toda la provincia. Los padres son también aliados clave para disminuir este tipo de agresiones: entre los consejos básicos están el que los niños no tengan el ordenador en su cuarto; que se introduzca un filtro tecnológico en la computadora y que se controle el tiempo que pasan en la red de redes.
Fernández-Llebrez recuerda que "en internet todo deja huella", por lo que la policía sólo debe rastrear la IP –el DNI de su ordenador– y, tras pedir la autorización judicial, realizar un registro en la vivienda del implicado.
Actualmente, la Fiscalía explora caminos novedosos. Por primera vez ha solicitado en uno de sus escritos de acusación que un pedófilo reciba terapia rehabilitadora, a cambio de la suspensión de su condena (siempre que ésta no pase de los dos años y el delito no sea grave). El problema esencial es que no existe este tipo de intervención psicológica, a pesar de que sí hay módulos análogos en el caso de los delincuentes sexuales o los acusados por violencia machista.
Una vez detenidos, muchos reconocen estar "enganchados" a este tipo de pornografía y piden ayuda a gritos. Incluso, persisten en su actitud para ser arrestados y poner fin a lo que, para la mayoría, es un calvario.
Una sentencia del Supremo está a punto de crear jurisprudencia en este terreno. El Alto Tribunal redujo la pena de un pedófilo de seis a dos años al entender que no se puede castigar con la misma dureza al que posee pornografía infantil y la distribuye, que al que realiza vídeos y fotos a menores.
Así, el Código Penal castiga con entre tres meses y un año a quien posee vídeos o imágenes; con entre uno y cuatro al que, además, los distribuye; y con entre cuatro y ocho a quien elabora el material, utilizando a menores de 13 años.
Ello ha obligado a la Fiscalía de Málaga a solicitar dos años de cárcel y tratar de llegar a conformidades con quien se ha bajado los vídeos para consumo propio y los distribuye (el hecho de bajárselos por el Emule implica compartirlos). Cuando el Supremo emita una sentencia similar, habrá creado jurisprudencia mayor.