El infierno para los disléxicos, la prueba teórica del carné

lucas martín. Málaga La obtención del permiso de conducir no siempre es cuestión de conocimientos. Existe un sector de la población condenado a suspender, por mucho que devore los manuales y sea capaz de superar a la mismísima Guardia Civil en un cuestionario de tráfico. Sus problemas no son los cambios de rasante, sino la lectura, convertida en una maraña de símbolos inextricables, de golpes de tinta superpuestos a otros golpes.
El Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, se reunió ayer con la Comisión Nacional de Seguridad Vial para pedirle a sus miembros que medien en la reivindicación de la Federación Nacional de Disléxicos, que reclaman la adaptación del examen de conducir a los estudiantes que padecen la enfermedad.
La propuesta, que cuenta con el apoyo de la división provincial del grupo Autoescuelas Torcal, fue trasladada a Federico Souvirón, diputado nacional del PP por Málaga y miembro de la comisión, y, según los cálculos de Gutiérrez, podría defenderse en el Congreso el próximo mes de febrero.
La iniciativa se asienta en las dificultades del colectivo de disléxicos, que en Málaga agrupa a más de 130.000 personas con dificultades para la lectura y la comprensión de textos. De acuerdo con el Defensor del Ciudadano, el problema podría solventarse a través de la instalación de auriculares y el recitado oral de las preguntas a los estudiantes, que no sufren ningún tipo de discapacidad cognitiva más allá de la interpretación del lenguaje escrito.
Gutiérrez insistió en que se trata de una iniciativa que busca superar las diferencias y equipara los derechos de los disléxicos con los del resto de la población. "No es cuestión de favorecer a nadie, sino de permitir que se preparen una prueba y la superen en igualdad de condiciones, sin dificultades añadidas", reseñó.
Los problemas del colectivo se detienen en la prueba teórica. Es la lectura la que los sitúa ante un examen que excede su poder de concentración y su dominio de los conceptos.
El Defensor del Ciudadano cree que la adaptación del sistema de evaluación a las necesidades de la población disléxica no resultaría demasiado costoso, ya que bastaría con cambiar la manera de enfrentarse al cuestionario. "Ellos tienen la mismas capacidades que el resto, ni más menos, sólo que no pueden leer con fluidez", indica. El cuadro clínico del colectivo se diferencia del grueso de la población en las dificultades añadidas para expresarse por escrito y acertar con la lectura de los signos. En España hay casi cuatro millones de personas en esta situación.
Un problema que podría declinar en los próximos meses si prosperan las intenciones de la asociación y sus grupos de apoyo, comandados en tareas de representación por la Comisión Nacional de Seguridad Vial y el Defensor del Ciudadano de Málaga. En febrero, se vivirá un capítulo decisivo. "Presentaremos la iniciativa aprovechando que la actividad baja en la Cámara en los últimos meses del año", precisa Gutiérrez.