JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA
El ´CSI´ no es exclusivo de las series americanas, sino que también en Hacienda hay profesionales meticulosos y casi obsesivos que no paran hasta encontrar hasta el último céntimo defraudado. La Fiscalía se ha querellado contra una franquicia que posee cuatro bares de tapas (dos en Marbella, uno en Fuengirola y el cuarto en La Línea de la Concepción –Cádiz–) y cuyo ´modus operandi´ era sencillo: eludía declarar a la Agencia Tributaria las facturas que se olvidaban los clientes en las mesas donde habían comido.
Lo esencial no es la cantidad defraudada, sino que lo realmente curioso es la investigación que llevó a cabo Hacienda para detectar las partidas supuestamente defraudadas: además de los registros en los citados bares, hubo inspectores que acudieron a comer a los mismos y fotografiaron las facturas de la consumición. Después, las buscaron en la declaración presentada y así llegaron a detectar las cantidades supuestamente defraudadas. La querella ha sido presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos en el Juzgado Decano de Marbella y está pendiente de ser turnada. Se ha pedido, además, la imputación de los cinco administradores solidarios de la franquicia y los delitos supuestamente investigados son los siguientes: contra la Hacienda Pública y dos ilícitos de falsedad contable.
Según la Fiscalía, la empresa presentó la declaración anual por el Impuesto de Sociedades relativa a 2005 fuera de plazo (el 5 de diciembre de 2006) y situó la cifra de negocio en 1,2 millones de euros. En abril de 2008, Hacienda inició su particular y exhaustiva investigación sobre 2005 y la amplió al Impuesto de Valor Añadido (IVA) de 2006 y 2007.
"En 2005, los querellados llevaban una doble contabilidad, de tal manera que en la oficial sólo se incluían como ventas el importe de aquellas consumiciones que habían sido abonadas mediante tarjeta bancaria o aquellas en las que los clientes habían retirado la factura o el ticket de caja o éste se había extraviado". Pero si el cliente se dejaba la factura, éstas no eran contabilizadas.
El propio sistema generaba una contabilidad real que, junto a otra que se llevaba de forma manual, era ocultada a Hacienda y "nada tenía que ver con la aprobada por los socios". Después, la Agencia Tributaria hizo su trabajo y determinó que los ingresos reales fueron de 2,069 millones. En total, el Tesoro Público ha dejado de ingresar 136.256 euros sólo en 2005. En 2006 y 2007, "prosiguieron con la doble contabilidad –la informática y la manual– coincidiendo ambas, casi en su totalidad, en el importe de las ventas, las abonadas por tarjeta y aquellas en las que no existía factura o ticket".
En 2006 y en 2007 también se consignaron ventas por importe inferior a las reales, pero las cantidades defraudadas no sobrepasan los 120.000 euros y, por tanto, no hay delito, sino infracción administrativa.
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