EUROPA PRESS
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, informó hoy durante la Comisión de Movilidad y Urbanismo, que ayer se firmó la resolución para la orden de desalojo del inmueble número 18 de calle Álvarez por motivos de seguridad y salubridad, y evitar así cualquier perjuicio a sus inquilinos.
Díaz explicó que el periodo para realizar dicha medida es de una semana, al tiempo que señaló que este inmueble, que se encuentra habitado por una inquilina legal y su hijo, "está dentro del área de rehabilitación concertada del centro histórico, área para su expropiación acordada mediante convenio entre la Junta y Ayuntamiento".
Así, aseguró que desde el Ayuntamiento se detectó la situación de esta vivienda, pero, según manifestaron, "al estar dentro de la expropiación, es la Junta la que tiene que hacerse cargo de los inquilinos". No obstante, aseguró que al no haberse hecho cargo hasta el momento, desde el Consistorio "se ha ofrecido a los inquilinos legales distintas ayudas que se pueden poner a su disposición desde el ámbito municipal y según el procedimiento reglado", como tramitarles plazas en una residencia o la ayuda de 1.200 euros para el alquiler de una vivienda.
Además, desde los Servicios Sociales se está trabajando con esta familia informándoles de los recursos disponibles y tramitándoles todas las ayudas posibles, según indicaron desde el Consistorio. En concreto, desde este centro se ha realizado procedimiento de Dependencia que actualmente se encuentra en fase de seguimiento de la Prestación para Cuidados en el Entorno Familiar y también se han tramitado también ayudas económicas no periódicas.
Ley. Díaz explicó que al encontrarse la vivienda dentro del proceso expropiatorio, por ley, al ser la beneficiaria la Junta de dicha expropiación, es la que se tiene que hacer cargo del realojo de los inquilinos, "si bien hasta el momento este hecho no se ha producido", aseguró.
"La situación legal actual del inmueble implica que no se puede ordenar su mantenimiento y conservación, así como que la propiedad no tiene disponibilidad sobre el mismo, al encontrarse en expropiación", manifestó Díaz.
Díaz explicó también que ya desde febrero, con un informe del departamento de Arquitectura, y en mayo, mes en que se remitió una carta a Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), se avisó a la Junta de Andalucía de la situación de esta vivienda, al tiempo que se indicó "la necesidad de manera urgente de dar una solución a estos inquilinos por las condiciones higiénicas y de habitabilidad que presentaba el inmueble", por lo que el concejal pidió a la Junta que "dé una respuesta inmediata a esta situación".