La Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo e Inmigración ha abierto en Málaga nueve de las 15 actas de infracción a empresas por incumplir la Ley de Integración Social de Minusválidos (Lismi) en algunos de sus capítulos, mientras que las sanciones impuesta ascienden a más de 46.700 euros. La provincia malagueña es también donde más inspecciones se hicieron (57 de las 220 realizadas) y en las que se impusieron más sanciones, 36.765 euros en total.

Según los datos del Ministerio, hasta la fecha la Inspección ha realizado 220 actuaciones en toda Andalucía, de las que, además de las 15 infracciones recogidas en acta, se efectuaron 31 requerimientos a las empresas para subsanar los incumplimientos detectados.

Tras Málaga se sitúa Sevilla, con 4 y Jaén y Almería con 1, mientras que en el resto de las provincias, no se abrió ningún expediente por infracción. La Inspección, además de las citadas 57 visitas en Málaga, realizó otras 34 en Sevilla, 30 en Granada, 29 en Cádiz, 23 en Jaén, 21 en Huelva, 14 en Almería y 12 en Córdoba.

Multas. Respecto a las sanciones impuestas a las empresas por incumplimiento de la legislación, tras Málaga figuran Sevilla, con 8.128 euros; Jaén, con 1.250 y Almería, con 626. El resto de provincias no acusó ninguna sanción monetaria.

Tal y como establece la Lismi, las empresas públicas y privadas que empleen a 50 o más trabajadores están obligadas a que, al menos, el 2% sean minusválidos. Asimismo, se contemplan infracciones como la adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones son "incompatibles" con sus características personales. Igualmente se penalizan las decisiones del empresario que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de discapacidad.

Además de las sanciones económicas, existe la posibilidad de prohibir a los infractores la contratación con administraciones públicas o la pérdida o exclusión durante un periodo máximo de un año de determinadas ayudas, como las de fomento de empleo.