El inicio de la solución tras 20 años en el limbo

miguel ferrary
málaga Los vecinos de los antiguos barrios de pescadores de El Palo y Pedregalejo dieron ayer un paso de gigante para legalizar su situación urbanística, que tiene todos los avales de históricos, de tradición y de uso, pero a los que sólo falta la confirmación formal. Sin embargo, el acuerdo alcanzado ayer no es el final del camino. Más bien es el principio de todo. Tras 20 años sin dar con la tecla, parece que todas las partes se han puesto de acuerdo para ir a la par.

1. Historia

Las antiguas zonas de pescadores de El Palo y Pedregalejo, hoy situadas en el paseo marítimo, viven en una situación de alegalidad desde 1988, cuando la Ley de Costas estableció el límite de dominio público marítimo-terrestre en 100 metros. Esto suponía dejar en el limbo legal las cerca de mil viviendas que, desde hace más de un siglo, ocupan la ribera del litoral Este. Desde entonces, sus vecinos han vivido en la incertidumbre sobre el futuro de sus viviendas. La ley es taxativa, las promesas de los políticos fueron innumerables y las soluciones escasas.

2. El primer paso

La aceptación de la Demarcación de Costas de que el PGOU de Málaga califique el suelo de estos barrios marineros como suelo urbanizable con viviendas consideradas como colonia tradicional popular, abre la puerta a una solución definitiva. Con este paso, hay un reconocimiento oficial por parte de las administraciones de la existencia de estas viviendas y de que gozan de unos derechos adquiridos por el uso, muy anterior a la ley.

3. Dudas

Este acuerdo viene a abrir el camino a un pacto definitivo plasmado en documentos oficiales. Sin embargo, queda un largo proceso. Aunque se reconozcan esos derechos, Costas debe concretar un complejo proceso de deslinde que permita a los vecinos acceder a la propiedad sobre sus viviendas, que todavía se asientan sobre suelo público. Eso se llevará un tiempo largo, en el que no podrán realizar obras importantes, aunque sí el mantenimiento de las viviendas. Por otro lado, queda por ver si los vecinos tendrán que compensar económicamente (y en qué cantidad) al Estado por la pérdida de ese espacio público.