La jueza del ´caso Arcos´ teme que se destruyan pruebas

josé antonio sau. Málaga La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez Málaga, Irene Urbón, acordó el pasado viernes levantar el secreto de sumario para las partes personadas en el ´caso Arcos´ contra la corrupción urbanística en Alcaucín. En concreto, el sigilo procesal deja de tener efecto entre los tomos I y IX, así como en otros trece tomos de atestados policiales pertenecientes todos ellos a una pieza separada. Además, reclama ayuda a la Junta de Andalucía para digitalizar el procedimiento ante la falta de medios del órgano.

Según se recoge en el auto, al que tuvo acceso La Opinión de Málaga, "la Guardia Civil continúa a fecha de hoy el análisis de la documentación intervenida y la práctica de diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos que se investigan", por lo que el levantamiento es parcial, aunque, eso sí, "afecta a la mayor parte del procedimiento". Quedan, por tanto, diligencias secretas nueve meses después de que estallara el caso en febrero de 2009. En concreto, se abre el velo procesal sobre 7.657 folios de la causa.

La instructora justifica el hecho de que la ruptura del secreto sea parcial en las pesquisas que aún realiza la Guardia Civil, aunque se apoya en otro argumento: "El riesgo existente de destrucción y manipulación de pruebas por parte de algunos imputados en el procedimiento".

Llama la atención la falta de medios que padece este juzgado. "Dado que este órgano carece de medios suficientes para hacer y entregar copias a todas las partes personadas, habiendo tenido noticia de que en otros procedimientos de semejante volumen se ha procedido al escaneado del proceso para permitir la entrega de copias en formato digital, se acuerda librar oficio a la Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía a fin de que provea los medios necesarios para escanear 7.657 folios y realizar copias para las 37 partes personadas", explica Irene Urbón en el auto, fechado el 13 de noviembre, pero que fue notificado el jueves a las partes.

El caso estalló a finales de febrero de 2009, cuando miembros del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) y de la Unidad Central Operativa(UCO) de la Guardia Civil irrumpieron en el Ayuntamiento de Alcaucín y en diversas dependencias municipales y detuvieron a trece personas, entre ellas el entonces alcalde socialista, José Manuel Martín Alba, el arquitecto de la Diputación Provincial José Mora, así como diversos constructores.

Con el paso del tiempo, fueron citadas varias personas más en calidad de imputados, pero no se les detuvo al ser marginal su implicación en el presunto caso de corrupción. Hoy en día hay casi una treintena de implicados, un número que no subirá.

La tramaz

Las pesquisas afectan a pequeñas promociones y casas aisladas en suelos rústicos o no urbanizables. La novedad es que las mismas eran vendidas a personas residentes en el extranjero.

Los cargos públicos, al mismo tiempo, hacían la vista gorda o encubrían los tejemanejes administrativos, por lo que recibían pagos dinerarios o en especie.

Simultáneamente, los arquitectos arrestados emitían certificaciones falsas o manipulaban los informes al objeto de dar apariencia de legalidad a las anotaciones catastrales. Para extremar el sigilo con el que se desarrolló la operación, los agentes expertos en delitos urbanísticos llegaron desde Madrid.