El alcalde de Almogía ve ´mala fe´ en las denuncias

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA El punto culminante de la operación ´Almexia´ contra el urbanismo ilegal se vivió ayer en la Ciudad de la Justicia: el alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca (PSOE), declaró durante dos horas ante la titular del juzgado de Instrucción número 12 de Málaga por los supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental. Aseguró estar tranquilo y salió al paso de quienes han pedido su cese: "No voy a dimitir". Añadió, eso sí, un nuevo dato a su habitual argumentario defensivo: detrás de las denuncias iniciales ve "mala fe e intereses económicos". Esas denuncias partieron, según dijo, de particulares.
Explicó que el interrogatorio se centró en ocho licencias concedidas a viviendas levantadas en suelo rústico o que cuentan con certificados de antigüedad. Y apuntó que la concesión de todos estos permisos estuvo avalada por "informes favorables tanto del arquitecto como del secretario municipal". Es decir, que él firmó los decretos pero porque los técnicos bendijeron la legalidad de lo que él rubricaba.
Reconoció que también fue cuestionado por si la Policía Local realizaba los informes de antigüedad de estas viviendas. "Hacían los informes, pero muchas veces también el arquitecto técnico que daba forma al proyecto de obra aportaba documentación", relató, a lo que añadió: "Creo que se han hecho bien las cosas".
En este punto, confirmó que no iba a dimitir, tal y como aseguró su propio partido, el PSOE, cuando se produjo el registro de la Guardia Civil en el Ayuntamiento. El propio PP de Málaga pidió en su día que se le deje defenderse sin ser acosado continuamente desde los diversos frentes: el mediático, el político y el judicial (con el objetivo de lograr una postura similar con el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, procesado ya por cohecho, blanqueo y prevaricación).

Defensa. Su abogado, José Carlos Aguilera, hizo una encendida defensa del derecho contencioso-administrativo, jurisdicción en la que se dirime la legalidad de las licencias de obra. "No podemos recurrir permanente al derecho penal y no debemos criminalizar el fenómeno urbanístico, reaccionando ante una licencia no ajustada a derecho con el Código Penal: hay otros mecanismos", dijo.
La vía administrativa y los juzgados de lo contencioso-administrativo tienen "mecanismos suficientes para atajar esto", reflexionó, añadiendo seguidamente que "la primera medida no puede ser ir al proceso penal".
"Hemos pasado del blanco al negro", relató, en clara referencia a lo que sucedió en Marbella, con entre 25.000 y 30.000 viviendas ilegales. En el caso concreto de Almogía, aseveró que "mal se puede hablar de prevaricación cuando los ocho expedientes tienen informes favorables del arquitecto y del secretario".
"Cada día nos levantamos en algún municipio con sobresaltos, incertidumbre e inquietud sin saber por qué. Pudiera ser que alguna licencia no cumpliera alguna cosita, pero eso no es delito", aclaró.
Ya a primera hora de la tarde declararon otros seis imputados: dos policías locales; un funcionario que ejerció en un expediente como secretario accidental; dos concejales y un técnico ajeno al Consistorio. Las comparecencias se prolongaron hasta las 19.00 horas, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no informará sobre la situación personal de los implicados hasta hoy. Todos ellos ya habían sido imputados al declarar ante la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga el pasado mes de octubre.