JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA
Cristóbal Torreblanca, alcalde de Almogía, no está solo. Podría parecerlo, pero lo cierto es que tiene un apoyo importante: el del presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Salvador Pendón. La fortaleza de este auxilio estriba, sin duda, en lo destacado de su cargo institucional y en el peso político que tiene el ex alcalde de Ardales dentro del PSOE. Torreblanca está imputado en el ´caso Almexia´ por prevaricación y falsedad. En un principio, tanto él como su formación dijeron que dimitiría si se le incardinaba algún delito, pero el regidor confesó el miércoles que no se irá.
"Yo entiendo que puede ser precipitado que un representante público presente su dimisión en la fase inicial de un proceso judicial. Es mejor esperar al resultado final, porque hay situaciones que son irreversibles", dijo Pendón con rotundidad. O sea, que Torreblanca ha sido bendecido por el partido para que continúe en el cargo.
"¿Y si finalmente se archiva el caso, cómo se repara el daño? Es mejor esperar a que todo llegue a una fase más avanzada", recalcó.
El miércoles declararon ante la jueza seis imputados además del regidor. El primer teniente de alcalde está imputado por tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio y el segundo teniente de alcalde arrastra el ilícito de prevaricación. Dos policías locales están encausados por un delito de falsedad documental; un funcionario municipal por un delito urbanístico y un técnico ajeno al Consistorio, por supuestas falsedad y prevaricación, informó el TSJA.
De forma más genérica, Pendón también prestó su apoyo a los 31 alcaldes de la Axarquía, acosados por multitud de procesos judiciales. Éstos piden una normativa más flexible. Y, en foros más privados, han llegado a comentar que debería ser otro organismo el que llevase las competencias de urbanismo, ya que sus consistorios carecen de medios. "Ellos no quieren evitar las responsabilidades judiciales", recalcó, al tiempo que añadió que lo que pretenden es que el marco legal se clarifique, "no hacer dejación de funciones". "No se construye una sola vivienda en la Axarquía desde hace años", alegó el responsable de la Diputación.
Incluso, reconoció que muchos de ellos sienten "angustia" ante los casos judiciales en marcha. En concreto, se refirió a una posible clarificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). María Gámez, delegada del Gobierno andaluz, dijo que pudiera ser deseable o posible un desarrollo reglamentario de la norma, lo que definió como tarea pendiente: "La ley es la que es y permite muchas soluciones", apuntó la representante de la Junta. El subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, discriminó entre corrupción (cobrar por dictar resoluciones injustas) y el simple delito urbanístico (no hay soborno). "El Código Penal debe ser siempre lo último", alegó, "aunque hay que distinguir la corrupción, como ocurre en Alcaucín, Alhaurín el Grande o Estepona, donde los ediles se lucraron, de los casos en los que se incumple la ley sin lucro".
Los representantes del Gobierno, la Diputación y la Junta se reunieron ayer con 90 alcaldes de Málaga para analizar el resultado del Plan Zapatero.
