La abogada de Julián Muñoz, interventora judicial de Roca

josé antonio sau. Málaga Julián Muñoz tiene muchos abogados. Javier Saavedra lo representa en el ´caso Malaya´, Diana Hinojosa le lleva los asuntos carcelarios y Rocío Amigo lidera su estrategia defensiva en los casos urbanísticos e interviene puntualmente en la causa de corrupción marbellí como ocurrió el pasado lunes, cuando defendió la apelación del ex regidor contra el segundo auto de procesamiento.
En el transcurso de su intervención, Amigo aseguró que dada "la absoluta enemistad" existente entre el ex alcalde y Juan Antonio Roca, el segundo no pudo sobornar al primero. Es más, recordó, Muñoz echó al ex asesor de su puesto en Planeamiento a principios de 2002. ¿Cómo iban a hacer negocios juntos si se llevaban tan mal? Pues parecer que el ´caso Malaya´ ha hecho extraños compañeros de viaje: el abogado de Roca ha propuesto a Amigo como interventora judicial de cinco de sus sociedades, petición a la que el juez instructor, Óscar Pérez Corrales, accedió el pasado 22 de octubre, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.
El administrador judicial es nombrado por el instructor y se encarga de la gestión pura y dura de las empresas bajo tutela judicial: paga las nóminas de los trabajadores, a los proveedores y decide vender o comprar. El interventor, por otro lado, es una figura que fiscaliza la labor del administrador y que habitualmente requiere el abogado defensor. En este sentido, si Roca no se fía del hombre de confianza del juez, puede solicitar que se nombre a alguien de su confianza para supervisar las cuentas. Lo curioso es que la elegida haya sido Rocío Amigo. La misma que a principios de semana hablaba de una gran "enemistad" entre ambos.
Amigo se hará cargo de Investbardulia, Marbella Airways, Inmobiliaria Ángel de Tepa, Invest Arcela e Inmuebles Direla.
El 21 de octubre, Óscar Pérez emitió un auto en el que fijaba los honorarios que percibirá Rocío Amigo como interventora judicial: el 25% de la asignación mensual que reciben los administradores judiciales. "El abono de los atrasos se realizará en función de la liquidez de las sociedades respectivas, quedando el administrador judicial facultado para tomar cualquier decisión en el marco del criterio anterior", afirma.
Las estrategias procesales de Roca y Muñoz difieren mucho, por no decir que son antagónicas. El primero está empeñado en cargarle la papeleta de todo lo ocurrido en Marbella a Jesús Gil, mientras que el segundo apunta cada vez que puede al ex asesor de Urbanismo. Él sólo se limitaba a firmar lo que le ponían por delante. O eso dice.
Ahora podrían darse situaciones curiosas: Amigo deberá defender los intereses del mismo que, en otros foros, tendrá que atacar.
Miguel Ángel Torres, primer instructor del caso, nombró a una administrador judicial que ha sido muy discutido por Juan Antonio Roca. Entonces, los interventores de el ex asesor eran abogados del entorno del despacho que dirige José Aníbal Álvarez. Al principio, ´El Jefe´ no reconocía como suyas esas sociedades que sirvieron para ocultar presuntamente fondos ilícitos. Ahora, con Óscar Pérez, la situación ha cambiado: ya ha dicho que son suyas y, por ello, quiere a gente de su confianza. En esa forma de actuar encaja perfectamente que María, su hija, sea interventora de otra tres sociedades (Jabor Magarpe, Vanda Agropecuaria y Folder Investments), al igual que ocurre con su mujer, Rosa Jimeno. Varios abogados de ´Malaya´ consultados por este periódico se sorprendieron de que se eligiera a Amigo, sobre todo cuando ambos tienen estrategias procesales tan alejadas.
Y todo esto con un complicado marco de fondo: Pérez ha regañado al administrador de Torres y la Junta y el Ayuntamiento han criticado en sus escritos los honorarios que perciben los once expertos de la empresa madrileña que ahora gestiona la mayor parte de las mercantiles intervenidas por orden del magistrado. Pérez, incluso, deja que sus administradores le expliquen a Roca cómo van sus cosas.