Se duplican en un año los delitos societarios por la crisis

josé antonio sau. Málaga La crisis económica lo ha sido principalmente de falta de liquidez y ello, a su vez, ha propiciado el cierre de numerosas empresas. Quienes peor lo pasan son los administradores y responsables de las mercantiles pequeñas y medianas, pues, en muchos casos, han de responder con sus bienes a las deudas que arrastra la empresa. De hecho, los delitos societarios se han duplicado en sólo un año, según el fiscal de Delitos Económicos, Antonio González.
En la memoria del ministerio fiscal relativa a 2008, los delitos societarios y las insolvencias punibles investigados en los distintos juzgados de instrucción ascendieron a 23, mientras que en 2009 estos ilícitos han crecido hasta casi el medio centenar, lo que se debe, principalmente, a la crisis económica.
"Un alzamiento de bienes se da cuando el empresario, para evitar pagar a sus acreedores, pone sus bienes a nombre de otros o trata de enajenarlos de diversas formas", explica González.
Pero hay más tipos de delitos societarios: por ejemplo, cuando un administrador dispone fraudulentamente de los bienes de sus sociedades; cuando se queda el dinero de las empresas; también entran dentro del tipo los supuestos en el que se transmiten los bienes a terceros u a otras mercantiles o cuando el directivo de una empresa se niega a informar a sus socios del estado de una sociedad. Encaja también en este tipo penal el hecho de que el responsable de una mercantil no convoque las juntas de accionistas.
Este amplio abanico de ilícitos se ha disparado en sólo 365 días, por cierto, los más duros de la crisis económica. Y amenazan con seguir creciendo.
Un problema añadido para la Fiscalía de Delitos Económicos reside en la saturación de los juzgados de lo Mercantil de Málaga, cuyos magistrados deben hacerse cargo de este tipo de temas y, si ven acciones que merecen el reproche penal, han de enviar el caso a los juzgados de instrucción. Pero muchas veces, los socios de una empresa que han detectado una actuación irregular por parte de un ejecutivo acuden directamente al ministerio público o al juzgado de guardia.
"Una peculiaridad es que parte del incremento se debe sin duda a la saturación de los juzgados de lo Mercantil; cuando hay problemas entre los socios, y ante el número de procesos en esos órganos, se acude directamente a los juzgados de instrucción por medio de querellas o denuncias", reflexiona González.
El acusador público explica además que así buscan darle una mayor rapidez al asunto, pues solicitan en la jurisdicción penal la adopción de medidas cautelares que "le son propias al magistrado de lo Mercantil". Muchos reclaman que se nombre un administrador judicial hasta que se cree la nueva junta de accionistas o que se prohíba a un determinado empresario el derecho a disponer de los diversos bienes. "El incremento se debe también al aumento en la conflictividad entre los socios y el elevadísimo volumen de concursos que arrastran los órganos de lo Mercantil", añade.

Delitos fiscales. La otra gran área de trabajo de la Fiscalía especializada reside en la investigación de los delitos contra la Hacienda Pública, es decir, la defraudación en el pago de los distintos impuestos por encima de los 120.000 euros (Sociedades, IVA e IRPF son los más comunes) o la elusión del abono de las cuotas a la Seguridad Social.
Suele ser la propia administración tributaria la que detecta estos impagos y los investiga en primera instancia a través de un expediente que, al cabo de un tiempo, es enviado a la Fiscalía. Ésta abre después las preceptivas diligencias de investigación penal y, tras un periodo de pesquisas, presenta la correspondiente denuncia o querella ante el juzgado decano del partido judicial del que se trate, arrancando así el proceso penal.
Los delitos fiscales crecieron en sólo un año hasta un 35% (en 2008 se investigaron 44 asuntos de este tipo). Aunque dos terceras partes llegan desde la propia Hacienda Pública, otros delitos fiscales son los que salen a la superficie cuando la policía o los instructores investigan, por ejemplo, una trama de narcotráfico o de corrupción política y económica, como ocurrió en ´Malaya´, donde las pesquisas del juez Torres hicieron aflorar innumerables ilícitos fiscales asociados a operaciones urbanísticas realizadas con dinero negro.
Otro tanto de lo mismo ocurre en el ´caso Hidalgo´, donde uno de los imputados creó una auténtica máquina para lavar de dinero negro, parte del cual debería haber sido declarado.
Es de reseñar que si la cantidad defraudada lo fue, por ejemplo, en relación a 2008, Hacienda cierra las declaraciones en julio del año siguiente, por lo que los expedientes se abren mucho después y, hasta que llegan a la Fiscalía, pueden pasar algunos años. "Ahora estamos investigando los ilícitos de 2006 y 2007, por lo que el incremento del 35% no puede achacarse a la crisis. Sus efectos se harán sentir dentro de dos o tres años", indica González.
Entre las tramas más importantes investigadas por la Fiscalía de Málaga, destaca un asunto que acabó llevándose la Audiencia Nacional por la defraudación en el pago del IVA de más de 300 millones de euros por parte de varias empresas radicadas en todo el territorio nacional. Una parte, eso sí, se quedó en la capital de la Costa del Sol. En este caso hay más de 100 imputados en todo el país.