JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA.
La reforma de la Ley de Extranjería, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a principios de diciembre, es saludada por la Fiscalía de Málaga como "un acierto". De momento, en uno de sus artículos se prevé que un juez de instrucción vele por los derechos fundamentales de los foráneos irregulares que se encuentren en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y las salas de inadmisión de los aeropuertos y puertos del país, lo que supone, de facto, que un magistrado asuma y escuche sus quejas, resuelva sus recursos y visite las diferentes instalaciones.
Esto será efectivo a partir de este mes. En Málaga, el juez decano, José María Páez, tiene previsto convocar una Junta General de Jueces de Instrucción para articular la medida. Así, baraja dos opciones: "No sabemos aún si esa competencia rotará por turnos entre los 14 juzgados de Instrucción de Málaga o, bien, se atribuirá a un sólo órgano".
En cualquier caso, el elegido tendrá mucho trabajo en Málaga: el CIE de Capuchinos es uno de los más criticados de todo el país, incluso por parte de las autoridades judiciales. El fiscal de Extranjería de la provincia, Juan Andrés Bermejo, se ha cansado de solicitar la construcción de uno nuevo, dado el "mal estado" del actual, a pesar de las continuas reformas que realiza el Gobierno en el mismo. Otro punto previsto por la ley es aumentar el tiempo de estancia en esos centros desde los cuarenta hasta los sesenta días. "Si ampliamos el plazo, con las malas condiciones en las que está el CIE, puede haber más problemas", dice Bermejo.
En principio, no debería haber problemas, pues Gobierno y Ayuntamiento ya han acordado construir un nuevo CIE en el polígono Guadalhorce, a pesar de las quejas de los empresarios y de que, a última hora, han surgido algunas diferencias debido a que el Consistorio no acepta el convenio de permuta de parcelas presentado por el Ejecutivo central.
El CIE de Capuchinos ha protagonizado en los últimos años numerosas polémicas: en julio de 2006, varios policías nacionales encargados de la custodia de los extranjeros fueron detenidos por abusar sexualmente de algunas de las reclusas. Todavía hoy no se ha abierto el juicio oral, y la investigación continúa con muchas dificultades ya que es necesario contar con la colaboración de otros países.
Asimismo, a principios de año 42 internos del edificio protestaron por las malas condiciones de las infraestructuras y por haber sido objeto de malos tratos e insultos racistas por parte de los policías, pero después de seis meses de investigación el caso ha quedado archivado. La investigación se abrió a raíz del propio director del centro, que emitió un exhaustivo informe negando una por una las acusaciones de los foráneos; además, se citó a los cuatro inmigrantes que ya residen legalmente en España –el resto fue expulsado y se desconoce el domicilio de los demás–, pero ninguno acudió a ratificar lo denunciado, a pesar de los intentos por buscarlos que hicieron las policías nacional y local.
Los movimientos asociativos han denunciado incluso torturas, algo que recientemente ha negado taxativamente el propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. En 2008, pasaron por el CIE de Málaga 2.410 foráneos, frente a los 2.870 de 2007. "El deterioro del edificio, por más que se invierta en el mismo, resulta patente", reconoció Bermejo el pasado mayo.
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