La Fiscalía de Málaga ha liderado durante el pasado año 21 golpes contra las mafias ilegales que se dedican a la captación de mujeres en sus países de origen para obligarlas a ejercer la prostitución (nueve), los grupos que explotan laboralmente a extranjeros (dos) o las organizaciones que se dedican a introducir ilegalmente a foráneos indocumentados en España (diez). A éstas hay que sumar las dieciséis operaciones policiales llevadas a cabo en Melilla contra la inmigración irregular en lo que va de año.
Ahora, la modificación de la Ley de Extranjería también recoge una novedad importante para las mujeres que han sido obligadas a ejercer la prostitución por proxenetas sin escrúpulos: la víctima tendrá a su disposición un periodo de reflexión de treinta días para decidir si colabora con la Justicia. "Tenemos problemas para acreditar estos delitos, pues todos sigue desenvolviéndose en la esfera de lo invisible por el temor de las prostitutas a denunciar, a colaborar con la administración de Justicia porque piensan que van a ser expulsadas o van a sufrir represalias", reflexiona Bermejo, para quien es un gran acierto la modificación de la norma: "Aquellas chicas que han sido objeto de trata de blancas –ya sea explotación sexual o laboral– tienen derecho a reflexionar para decidir si desean cooperar; se prima la condición de víctima sobre la situación administrativa".
El problema de la explotación sexual es sangrante y tiene dos tipologías habituales: la de aquellas mujeres que vienen a España creyendo que van a trabajar en casas y la de las chicas que llegan al país sabiendo que van a ofrecer sus servicios sexuales, pero, finalmente, cuando están en el destino se enfrentan a condiciones laborales radicalmente distintas a las que les habían prometido.
Lucha local
En Málaga, según Bermejo, se castiga la parte local de las mafias, pero los grupos organizados en el país de origen son difícilmente perseguibles. "Hablamos de delincuencia transnacional y organizada, y muchas veces tenemos dificultades para superar las reticencias de los distintos juzgados a la hora de investigar delitos más allá de nuestras fronteras, porque deben librar comisiones rogatorias que a veces tienen un resultado incierto y, efectivamente, pueden dilatarse mucho los procesos", recalca.
"Si sólo se castiga a una parte de la mafia, pero no al Estado emisor, no se puede luchar adecuadamente contra las organizaciones delictivas", dice.
Estas mujeres asumen una importante deuda con los grupos organizados, de hasta 2.000 y 3.000 euros, y, cuando llegan a España, han de pagar ese dinero con su trabajo como prostitutas o en talleres clandestinos de ropa, por ejemplo. Ya en España, se les retira incluso el pasaporte y se les indica su nuevo trabajo. Las redadas policiales, en muchas ocasiones, han puesto fin a auténticos estados de esclavitud.
"Para esas economías, eso es mucho dinero", relata Bermejo. Muchas veces se llega al origen a través de las autoridades del país emisor; otras son las chicas quienes denuncian, y, por último, las investigaciones policiales también suelen descabezar a muchos de estos grupos criminales. Los países del Este de Europa, bajo la órbita comunista durante decenios y ahora inmersos en un capitalismo embrionario, tienen numerosas redes de este tipo, al igual que también han prosperado estos grupos en diversos países de Sudamérica.
Atención
Otro problema que hay que subsanar es el siguiente: "A las víctimas de la trata de blancas habría que darles la misma protección que a las mujeres que sufren la violencia de género. Incluso, ahora hay un ambicioso plan de integral del Ministerio de Igualdad para luchar contra la trata de blancas desde esta perspectiva", explica el acusador público.
En cuanto a los procedimientos de explotación laboral, sólo dos en lo que va de año, se trata de mafias procedentes de china, que esclavizan a compatriotas en talleres ilegales de confección de ropa.
Los golpes contra las organizaciones irregulares de inmigración clandestina se han centrado en impedir la entrada ilegal de foráneos a España a través de distintos medios.
Control
Por otra parte, el Ayuntamiento de Málaga tiene en elaboración una ordenanza para el control de la prostitución callejera, que pretende poner coto a la presencia de las meretrices en la vía pública, en especial en los polígonos, asegurando además un mínimo de control sobre esta actividad.
