Más no pueden hacer, al menos por el momento. El cansancio de tantos años de denuncias, el daño económico y de imagen que sufren las empresas y los vecinos afectados y la eterna espera de una ley que nunca llega han llevado a la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga y Provincia (Apoma) a realizar una ordenanza para regular la prostitución callejera, una actividad que consideran "incompatible" con los derechos de los empresarios y de los ciudadanos.

Esta ordenanza, redactada por el jurista José Manuel Cabra de Luna, se compone de catorce artículos en los que se proponen sanciones que van desde los 750 a los 3.000 euros para quien ejerza o incluso demande esta profesión en la calle. Así lo dicen los artículos 13 y 14 del texto, donde se estipulan las normas de conducta y las sanciones. "Se prohíbe ofrecer, solicitar, negociar, aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público cuando estas prácticas excluyan o limiten la compatibilidad de los diferentes usos del espacio público", reza el primero de ellos, mientras que en el segundo apartado se propone una especial prohibición, a modo de orden de alejamiento, cuando estas conductas se lleven a cabo a menos de doscientos metros de un centro educativo o a menos de cuatrocientos de comercios abiertos al público, lo que en el caso de Málaga supondría acabar con la prostitución en los polígonos y en las calles del Centro de la ciudad.

No menos importancia le da la ordenanza al lugar donde se mantienen las relaciones sexuales mediante retribución, ya que incluye " los coches estacionados en el espacio público".

Sanciones. En el capítulo de las sanciones, cualquier incumplimiento de los tres puntos anteriores sería considerado por la ordenanza como una falta leve. Pero en caso de que uno de los dos protagonistas persistiera y no abandonara el lugar, podría ser sancionado con multas de hasta 750 euros. De la misma manera, las faltas graves dependerán del grado de reincidencia durante el periodo de un año o si no se respetan las distancias mínimas establecidas en las normas de conducta. En este caso, la sanción podría abarcar desde los 750 hasta los 1.500 euros.

La escala toca techo en las sanciones tipificadas como muy graves, donde se incluye la reiteración de cualquiera de las faltas graves en un mismo año o el hecho de practicar sexo en la calle o en el interior un vehículo. En este caso las sanciones oscilarán entre los 1.500 y los 3.000 euros de multa.

La presidenta de Apoma, Ana López, recordaba ayer las razones que les han llevado a tomar tanta iniciativa en una medida que recibió el apoyo total de las asociaciones de vecinos, fundamentalmente Centro Sur (Alameda de Colón) y Centro Histórico: "Este proyecto no entra en la moralidad. Lo único que queremos los ciudadanos y los empresarios es que la vía pública sea pública de verdad y no esté tomada por la prostitución".

Como argumento, López hizo hincapié en el descrédito, pérdida de imagen y del valor real de las naves de los empresarios afectados o incluso en el inapropiado espectáculo que muchos menores pueden ver a cualquier hora del día en las zonas más señaladas por la prostitución callejera.

Reglamentismo. El creador de la ordenanza, el jurista José Manuel Cabra de Luna, aseguró que la naturaleza de la misma se ha basado en el modelo ideológico del reglamentismo, es decir, "aquel que considera que la prostitución es un mal inevitable que, sin criminalizar, regula y no la admite en la calle". Según Cabra de Luna, este modelo se sitúa entre el ´prohibicionista´, basado en la criminalización de la prostituta, del proxeneta y del cliente, y el actual abolicionismo que se vive en España, cuando sólo se criminaliza a aquellos que se lucran de la prostitución y que, por tanto, no es materia regulada ni regulable.

Regulación. Pese a que la hipotética regulación de la prostitución es materia reservada del Parlamento y el Senado, Cabra de Luna basa la ordenanza en un principio de "reserva de ley" por el que los ayuntamientos tienen sus propias competencias de seguridad, vías urbanas, disciplina urbanística, parques y jardines, patrimonio, salubridad pública y turismo. "Los ayuntamientos también pueden abordar el fenómeno transversalmente", apuntó el jurista. En todo caso, vecinos y comerciantes se han unido a la iniciativa y han solicitado al Ayuntamiento de Málaga y a la Subdelegación del Gobierno que cada uno afronte sus competencias.