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lucas martín. Málaga
La comunidad inmigrante de Málaga observa con preocupación el fenómeno de Vic y, sobre todo, sus secuelas, ya sea en forma de contagio o de declaraciones de políticos. Por el momento, las administraciones de la provincia no han puesto trabas al empadronamiento del colectivo, aunque carezca de documentación, pero el dilema a medio y largo plazo está en la misma naturaleza del censo. ¿Conviene registrarse? ¿Beneficia o perjudica?
Las organizaciones se mantienen dubitativas. El empadronamiento es el principio elemental que activa derechos como el acceso a la educación y la sanidad. Además, se ha convertido en uno de los documentos más determinantes para resolver la nacionalidad por arraigo. En la regularización masiva desempeñó un papel prioritario, lo que contribuyó a despejar las dudas que había despertado la última reforma de la Ley de Extranjería, aprobada en 2003.
Es en este punto donde surge el debate. José Luis Rodríguez, de Andalucía Acoge, explica que el PP, "con la connivencia del PSOE", logró habilitar una cláusula que permite a las fuerzas de seguridad valerse de los datos del padrón. Una medida que disuade a muchos inmigrantes, que entienden el censo como una trampa en potencia. "Hasta ahora no se ha utilizado con esos fines, pero el riesgo persiste", resalta.
En la provincia, la mayoría de los trabajadores sin papeles opta por el empadronamiento. La disposición de 2003 ha sido recurrida y forma parte de los trabajos pendientes del Tribunal Constitucional. El espíritu de la regulación masiva incita a la confianza. Renunciar al censo podría traducirse en una estrategia equivocada, casi vinculante para el futuro. "El padrón no sólo conlleva el derecho a servicios básicos, sino que es la prueba más consolidada para demostrar la permanencia en España", detalla.
Rodríguez, coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge, lo tiene claro. El peligro, aunque remoto, existe, pero lo más recomendable es censarse. Otros colectivos, como la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, continúan con la duda, intensificada a raíz de las últimas expulsiones de sin papeles del continente y las declaraciones de Mariano Rajoy, interpretadas por la asociación como una amenaza. "Es cierto que es la llave para acceder a muchas cosas, pero también puede ser una ratonera", indica Gerardo Márquez, portavoz del colectivo.
La coordinadora recuerda el caso de Italia, donde el cerco a miles de indocumentados se apoyó en los datos incluidos en los registros de empadronamiento. En principio, la situación en España es radicalmente distinta. Aquí se alentó a acudir al padrón con la finalidad de la regulación y el cambio de paradigma podría desembocar en sonoras protestas. Pero la ley, todavía en vigor, legitima a la policía frente a un hipotético recuento.
El padrón se ha vuelto en una herramienta equívoca. Más allá de las renuencias de los ayuntamientos, presume un bien inmediato, aunque deja la puerta abierta hacia un peligro que, si bien es lejano, amedrenta.
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