La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado cumple en 2010 quince años. Desde 1996 –cuando se creó la oficina especializada en la Audiencia Provincial–, se han celebrado en Málaga 155 juicios de este tipo, de los que 136, un 87,7%, han culminado con una sentencia condenatoria, según los datos a los que ha tenido acceso este periódico.

Asimismo, los tribunales populares han enjuiciado 119 muertes violentas. En 2009, la oficina del Jurado de la Audiencia Provincial de Málaga organizó trece juicios: seis homicidios, otros tantos asesinatos y un cohecho. De éstos, hubo once sentencias condenatorias.

Tal y como explica el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Arroyo Fiestas, es "el procedimiento penal que mejor funciona", tal vez porque también es el que más medios materiales y humanos posee. Ahora, una decisión del Tribunal Supremo puede dar mucho más trabajo a estas oficinas.

El Alto Tribunal español decidió el pasado 21 de enero que se celebren más juicios de este tipo. En principio, son determinados delitos los que hacen que la competencia de enjuiciamiento recaiga en jueces populares: homicidios, asesinatos, cohecho, malversación de caudales públicos, allanamiento de morada, omisión del deber de socorro, exacciones ilegales, infidelidad en la custodia de documentos o presos, incendios, fraudes, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios públicos.

El problema es que, cuando un homicidio, por ejemplo, va acompañado de un abuso sexual, el instructor remitía directamente a un tribunal profesional el asunto, pero el Supremo ha recogido el debate jurídico surgido al respecto y determinó que las causas en las que se investiguen varios delitos serán juzgadas por magistrados profesionales, de forma que cuando el ilícito competencia del jurado sea más grave que el ajeno, automáticamente la causa irá a parar a estas oficinas.

Así, por ejemplo, el caso de la sevillana Marta del Castillo acabará siendo juzgado por un jurado popular en virtud de esta unificación doctrinal que ha llevado a cabo el Supremo. Y ello, por tanto, repercutirá en un aumento considerable de este tipo de vistas, pese al criterio restrictivo empleado en los últimos años.

Las autoridades insisten en que los ciudadanos consideran la experiencia como positiva, ya que se acercan de una manera única a la Justicia y conocen desde dentro los problemas a los que se enfrentan los jueces. Es más, ellos mismos se convierten en magistrados por unos días. Para los juristas, sin embargo, lo ideal es que sea un tribunal profesional el que se encargue de enjuiciar a un acusado.