Piden cuatro años por la muerte de un obrero en la Copa Davis de 2003

LA OPINIÓN. MÁLAGA El juicio por la muerte de un trabajador de las obras de instalación de las gradas para la celebración en Málaga capital de una eliminatoria de la Copa Davis en 2003 ha sido fijado inicialmente para el próximo mes de septiembre. Fuentes judiciales aseguraron que está previsto que la vista oral contra los cinco acusados comience el día 28 y se prolongue hasta el 1 de octubre. El juzgado de lo Penal número 11 será el encargado del enjuiciamiento.
La Fiscalía hizo escrito de acusación contra cinco personas, responsables de las obras, por la muerte de un operario que "sin contrato de trabajo y sin estar dado de alta en la Seguridad Social" participaba en dichas tareas, que se realizaban "sin medidas de protección y seguridad" en la explanada cercana al Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.
Los acusados por el fiscal son el representante de la empresa que ejecutó el montaje, el encargado de las obras, perteneciente a esa misma firma; el director gerente de la Real Federación Española de Tenis (RFET) en ese momento; el arquitecto técnico y responsable de Seguridad e Higiene de las instalaciones y el jefe de personal y responsable de contratación de los trabajadores para la empresa.
Según el escrito de conclusiones provisionales de la acusación pública, todos los acusados "sabían perfectamente que las obras se venían ejecutando sin medidas de protección colectiva alguna y sin que los trabajadores utilizaran en altura cinturones o arneses de seguridad, pese a lo cual no adoptaron medida alguna para remediar las situaciones de riesgo de todos los trabajadores".
Los delitos de los que se acusa a todos los procesados son de imprudencia grave con resultado de muerte y contra los derechos de los trabajadores, por los que piden cuatro años de cárcel para cada uno e inhabilitación especial para oficio relacionado con la construcción; mientras que al responsable de contratación se le acusa de otro delito contra los trabajadores, por el que el fiscal solicita tres años más de prisión y multa de 6.600 euros.