Treinta jueces de Málaga firman contra las injerencias políticas

josé antonio sau. Málaga Internet alentó la ´Revolución Naranja´ en Ucrania; insufló ánimos a los opositores iraníes y fue el caldo de cultivo que motivó el alumbramiento del ´Movimiento 8 de octubre´, una plataforma oficiosa formada por jueces de todo el país tras los ataques sufridos por la colectividad después de la muerte de la niña onubense Mari Luz Cortés. Ahora, esos magistrados han elaborado un manifiesto en el que reclaman la creación de una ´Plataforma por la despolitización y la independencia judicial´, un órgano que aglutinaría a miembros de las cinco asociaciones profesionales. En España, el comunicado ha sido rubricado por 846 togados.
En Málaga, son treinta los que se han adherido a esta proclama, nacida de la efervescencia de la red y de las dos huelgas del colectivo, llevadas a cabo el pasado año. "Yo tengo en mi correo miles de mensajes y todos los días borro de cien en cien. Todos tienen que ver con los problemas del colectivo", dice un miembro de la judicatura.
Otro dice que la sensación en el colectivo es "de cabreo generalizado". "Sólo estamos sometidos al imperio de la ley", dice, mientras ataca la próxima reforma de la oficina judicial, concebida por el Ejecutivo socialista, junto al Plan de Modernización de la Justicia, como la revolución tecnológica pendiente: ello conllevará otras reformas simultáneas, como la asunción de la instrucción penal por parte de la Fiscalía y la atribución de más competencias a los secretarios.
María Teresa Sáez es miembro del Comité Ejecutivo nacional de la APM y magistrada de la Audiencia: "Estamos un poco sobrepasados. Nos ha sorprendido gratamente el apoyo masivo al manifiesto. Y más que se van a sumar". "No se descartan más medidas de presión en un futuro inmediato". En el manifiesto, se destaca "el desmesurado grado de politización y pérdida de independencia en que se encuentra sumida la Justicia".
Critican que el Parlamento elija íntegramente a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el futuro nacimiento de órganos homólogos en las 17 autonomías; arremeten contra "el desapoderamiento" del juez, de forma que se le privó, entre otras cosas, de "su histórica jefatura" sobre el personal de su oficina.
"La reforma de 2003 ha procedido a transferir a los secretarios judiciales plenas funciones de dirección de la oficina y un amplio abanico de competencias procesales autónomas", consta en el escrito. Entre ellas, ahora serán estos profesionales –cuerpo superior jurídico– los que señalen los juicios. Este colectivo está "fuertemente jerarquizado" y en su vértice se halla el Ministerio de Justicia, aclaran. Temen que señalen los juicios al dictado de los diversos gobiernos. Tampoco están de acuerdo en que el fiscal asuma la instrucción.
¿Qué proponen? Un gran Pacto de Estado que refleje, por ejemplo, la necesidad de que todos los miembros de órganos de Gobierno sean elegidos democráticamente –incluyendo a los presidentes de las audiencias provinciales–; que el juez conserve sus competencias estrictamente jurisdiccionales, es decir, las relativas al proceso en sí (pruebas, señalamientos, sentencias, orden de ejecución y temas relativos a libertades fundamentales); la elaboración de una nueva planta judicial, de forma que haya los mismos jueces que en otros países de Europa (en España hay 10 jueces por cada 100.000 habitantes, y se aspira a subir la horquilla hasta 20) y la inversión del 3,5% del presupuesto en Justicia, frente al 1% actual. También proponen la disminución efectiva del trabajo de los togados, de forma que puedan tener derecho a "una normal vida personal, familiar y social" y la aprobación de un estatuto que recoja mejor sus derechos (jubilación, conciliación de la vida laboral y familiar y riesgos laborales). Por último, exigen independencia económica.
El delegado en Málaga del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Fermín Villarrubia, afirma que la nueva ley "paga una deuda histórica con los secretarios" y recuerda que los jueces mantienen sus funciones. Además, asegura que el tema de los señalamientos "es más un asunto de gestión de la agenda y de racionalización de los medios. Nunca hemos reclamado esta competencia".