La Audiencia Provincial ha rechazado los recursos de 26 imputados en el ´caso Malaya´ contra el segundo auto de procesamiento, dictado por el juez Óscar Pérez Corrales en marzo de 2009. En su mayor parte, se trata de abogados, economistas y asesores fiscales implicados en las operaciones de blanqueo dirigidas por el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, aunque también recurrieron el ex asesor, Julián Muñoz, y Pedro Román.

Sí devuelve al ex alcalde de Marbella 200.000 euros de una fianza, al entender que ya se le impuso otra de 400.000 euros por su intervención en varios convenios urbanísticos; sitúa además la responsabilidad civil de dos de los nuevos procesados en 3,8 y 1,9 millones, frente a los 5,8 que debía abonar cada uno según el segundo procesamiento; y, por último, rebaja desde los 200.000 hasta los 100.000 euros las fianzas impuestas a los ex concejales Fernández Garrosa, Tomás Reñones y Rafael González.

Por otro lado, se declara extinguida la responsabilidad penal de uno de los procesados, al haber fallecido. La Sala se pronunciará sobre la catarata de nulidades invocadas por las partes en la sentencia, y les indica que abrirá la mano admitiendo numerosas pruebas para que no sea mermado el derecho de defensa. También hablará en el fallo judicial del perjuicio económico sufrido por el Consistorio marbellí.

Eso sí, rechaza que no haya indicios, como aseveraron las partes en la vista. No en vano, el órgano colegiado destaca catorce: el archivo de ´Maras´; las escuchas; las agendas de Roca; las anotaciones de sus secretarias; su patrimonio; la declaración de algunos imputados reconociendo los hechos; los sobres y el dinero intervenidos en los registros; los actos administrativos; la vinculación de éstos con constructores; el helicóptero y las obras de arte; los regalos; el entramado societario; los billetes de lotería y los informes policiales.