El Colegio de Abogados investigará si se pactó retrasar el ´caso Malaya´

josé antonio sau. Málaga El Colegio de Abogados de Málaga abrirá diligencias informativas para investigar si, en la reunión que se celebró en un hotel de Madrid el pasado 10 de febrero, 24 abogados personados en el ‘caso Malaya’ pactaron retrasar la celebración del juicio hasta más allá del otoño de 2012, lo que sería una infracción del código deontológico de la institución.
Si así fuera el caso, se abriría el correspondiente expediente disciplinario, según confirmó el vicedecano de la entidad, Carlos Martínez Murciano.
Al encuentro, que se celebró en el Hotel Sanvy NH de Madrid el pasado 10 de febrero, algunos de los letrados fueron citados por el procesado en la trama de corrupción Andrés Liétor. En el correo electrónico con el que emplazaba a los juristas, el empresario incluía un extenso documento titulado ‘Reflexiones sobre el futuro inmediato del procedimiento Malaya’, y una carta en la que explicaba su intención de tratar en una reunión “una estrategia defensiva” que pasaría “por dilatar al máximo la celebración del juicio, ya que, de lo contrario, dada la evidente politización del caso, es más que probable que finalice con una condena para todos y antes de las próximas elecciones municipales de la primavera de 2011”.
El propio Liétor aseguró a este periódico que habían acudido 24 letrados. Dos de ellos negaron ayer que en la reunión celebrada en Madrid se tratara de forjar un pacto para retrasar malintencionadamente el juicio, previsto para este año por la Audiencia. “Cada abogado tiene independencia y autonomía para actuar por su cuenta. Sólo fue una reunión para comentar el caso. Nadie pretende aquí hacer maniobras políticas ni se ha pactado nada para retrasar el juicio. Somos colaboradores de la Justicia y respetamos las normas. No se debatió nada propuesto por Liétor”, dijo un defensor presente.
Sin embargo, en la carta que remite Liétor, éste dice contar para su estrategia conjunta “con el apoyo de los abogados defensores de ocho procesados y, espero en breves fechas, contar con el apoyo de al menos cuatro más”.
El empresario asegura en sus reflexiones, remitidas a la mayor parte de las defensas, que la Audiencia y la Junta –y por extensión el PSOE– tratan de conseguir una sentencia ejemplarizante antes de las elecciones, lo que le aseguraría muchos votos a la organización socialista, según aventuran.
El fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, tildó de “disparate” que en un “Estado de Derecho se vaya contra un principio constitucional como el derecho a un proceso sin dilaciones”. “Estamos sometidos al ordenamiento jurídico. El derecho establece los plazos, los procesos y el señalamiento”, dijo.
“La Fiscalía está sometida al principio de legalidad y velará por el cumplimiento de la ley, lo que incluye los plazos”, añadió.
Martínez Murciano, por su parte, aseguró: “La mayor parte de los letrados personados en ‘Malaya’ no va a dilatar la llegada del juicio. Abrimos las diligencias para buscar información acerca de lo ocurrido y ver si hay indicios de actividades contrarias al código deontológico del Colegio”.
“Los defensores de este caso son gente con experiencia y prestigio, con una trayectoria profesional intachable. Y la opinión de un imputado no se puede extrapolar a todos los abogados. Si fuera cierto, desde luego, no es una cuestión éticamente asumible, pero estamos seguros de que los letrados que asistieron opinan de forma distinta”, añadió. Sea como fuere, es el propio Liétor quien mantiene contar con doce letrados que le apoyan en su estrategia y es él también promotor de la reunión de Madrid. Además, envió los documentos a numerosos defensores en el mismo correo en el que los citaba para el encuentro.
La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía no quiso ayer pronunciarse, aunque fuentes de la judicatura apuntaron que “el proceso debe avanzar sin dilaciones procesales”.
José Carlos Aguilera, letrado personado en el caso, explicó que, pase lo que pase, “el juicio no puede empezar pronto porque ni siquiera hay escritos de acusación ni de defensa”, aunque el tribunal mantiene su interés en que el plenario sobre el mayor caso de corrupción política y urbanística del país se celebre esta primavera. Otros letrados afirman que a ellos y a sus clientes lo que les interesa “es un juicio rápido, sin dilaciones”.
Hoy han sido citados los 96 letrados del caso para recibir la causa digitalizada y discutir el desarrollo de las sesiones.

El Ayuntamiento marbellí afirma que “no permitirá” que se aplace el juicio
El Ayuntamiento marbellí es acusación particular en el ‘caso Malaya’. De hecho, es el principal perjudicado, ya que el daño económico sufrido durante el periodo de gobierno del GIL es incalculable. Tanto, que deberá ser la Audiencia en la sentencia final la que establezca la suma exacta saqueada. Por ello, cuanto más se retrase el juicio, como pretenden, según Andrés Liétor –uno de los imputados–, al menos doce defensores, más tarde percibirá parte de lo robado.
“Vamos a poner todos los recursos empleados para que estas estrategias dilatorias no tengan éxito”, dice Félix Romero (PP), portavoz del equipo de gobierno del Consistorio marbellí. “En un Estado de Derecho, las defensas tienen capacidad de plantearse sus estrategias de la forma que estimen oportuno. Eso sí, nosotros estamos ahí para reclamar que el procedimiento tenga toda la celeridad que se pueda, porque una sentencia tardía es injusta”, añade Romero.
“Requerimos y necesitamos todo el dinero que se llevaron de aquí para pagar las obligaciones esenciales del Ayuntamiento. No podemos retrasar la dación de servicios”, apunta.
El Ayuntamiento considera “una burla” a la ciudadanía que se trate de dilatar la llegada del juicio con estrategias procesales, como propone Liétor y apoyan, según las palabras vertidas en la carta con la que convocó la reunión madrileña, otros doce abogados más. “Los argumentos esgrimidos por otros partidos no tienen sentido, porque si alguien se ha definido en este asunto es el PP”, subraya el portavoz municipal de los populares.
Romero recuerda que “la principal administración gobernada por los socialistas, que es la Junta de Andalucía, tiene una figura que se acerca más a beneficiaria que a perjudicada de lo que aquí ocurrió”, lo que motivó que el primer instructor de la causa, Miguel Ángel Torres, le impidiera la personación.
“El PSOE, cuando habla de Marbella y de ‘Malaya’, haría bien en no sacar pecho lo más mínimo porque a poco que se rasque salen mal parados”, aclara. “Tienen poco de lo que vanagloriarse. Si alguien puede mantener la cabeza alta es el PP, que estuvo en todos los procedimientos y recientemente ha obtenido una sentencia favorable al Consistorio gracias a estar personado en el ‘caso Saqueo”, concluye.
En la otra orilla, la Junta de Andalucía, principal acusada por Andrés Liétor en su escrito de estar detrás del interés judicial por celebrar ya el juicio, no quiso hacer ningún comentario relacionado con la polémica. Fuentes del PSOE de Málaga sí quisieron dejar claro que “respetan absolutamente las acciones y los procesos judiciales como garantía de nuestro Estado de Derecho”.
Asimismo, afirman que “así lo ha demostrado siempre el Partido Socialista y así seguirá siendo”. La formación espera que “el proceso se desarrolle con normalidad y se depuren las responsabilidades penales que estime oportuno la Justicia”.