Julián Muñoz niega su intervención en la operación urbanística de ´El Pinillo´

EUROPA PRESS El ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz aseguró hoy que él "no intervino" en la operación urbanística en la finca 'El Pinillo' y que "él no se ha llevado nada", al tiempo que indicó que "era Jesús Gil", también ex regidor del municipio, el que actuaba, según informaron a Europa Press fuentes del caso.

Muñoz, que estaba citado a declarar esta mañana como imputado, llegó hacia las 12.55 horas al Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga), que investiga esta causa, donde permaneció hasta pasadas las 19.00 horas. Se le imputan inicialmente los delitos de malversación y prevaricación.

Por su parte, Roca, imputado también con relación a dicha operación urbanística por un delito de tráfico de influencias, se remitió a la declaración que prestó en noviembre de 2006, según afirmó su abogado José Aníbal Álvarez.

"Ha dicho que ya había declarado porque se había investigado la causa en el sumario 7/07", afirmó Álvarez a los periodistas, quien señaló que la comparecencia ha consistido "en transcribir las preguntas del juez, el fiscal y las acusaciones".

Asimismo, comparecieron el interventor Juan Antonio Castro y la abogada María Castañón. Esta causa se centra en una operación en la finca 'El Pinillo' y se investigan los delitos de blanqueo, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Por otra parte, ayer comparecieron como imputados con relación a este procedimiento cinco personas, entre las que se encuentran los empresarios Óscar Benavente y Javier Arteche, según confirmaron fuentes judiciales. Por esta causa ya declararon varios ex ediles marbellíes.

Dicho juzgado tiene abiertas varias diligencias previas en las que se investigan convenios suscritos entre el Ayuntamiento de Marbella y empresas y que se iniciaron a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2006 contra el ex alcalde marbellí, Roca y un tasador.

Esta Fiscalía Especial consideraba en su querella que Roca y Muñoz eran los artífices "de una maniobra tendente a enajenar los inmuebles propiedad del Consistorio a unos precios muy inferiores a los del mercado" y enmarcaba estas conductas "en una modalidad de liquidación de haberes públicos" dentro de los delitos de fraude y malversación de caudales públicos.

La Fiscalía basó su denuncia en uno de los informes fiscalizadores del Tribunal de Cuentas respecto al Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades municipales, en el que se concluía que los convenios investigados contemplan todo tipo de operaciones como la permuta o la dación en pago.