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josé vicente rodríguez. Málaga
Los malagueños no son como el ministro Corbacho y no tienen entre sus preferencias (o posibilidades) los planes privados de pensiones. Menos de 150.000 malagueños, apenas un 10% de la población, cuenta con un plan de este tipo firmado con alguna entidad financiera o, como alternativa o complemento, con un plan de jubilación rubricado con una compañía de seguros, según se desprende de los datos de Hacienda y los de la patronal de aseguradoras Unespa.
El perfil de las personas que acuden a estos instrumentos, según explican fuentes del sector en Málaga, es el de personas de entre 35 y 45 años con nivel de renta medio-alto. Sólo en ciertos casos, algunos llegan con poco más 25 años. Con esa edad, el mínimo para un plan de pensiones puede moverse en 480 euros anuales, aunque la media en Málaga es de unos 1.600 al año, si nos atenemos a los datos de Hacienda.
Los planes de pensiones, por la posibilidad de desgravación año a año ante el fisco, son la opción mayoritaria elegida por los que quieren complementar su futura pensión y mantener así, en la medida de lo posible, su nivel de ingresos cuando se jubilen (la diferencia entre la jubilación y el último salario suele situarse entre el 20% y el 30%, según el Ministerio de Trabajo).
Aportaciones. Los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria, correspondientes a 2007 y recopilados por el colectivo Gestha, indican que en Málaga fueron 118.000 contribuyentes (un 18% del total de declarantes) los que declararon aportaciones a planes de previsión social, con un total de 194 millones de euros. De esa cifra se desprende que en el último año de expansión económica cada persona destinó una media de 1.633 euros al año a su plan de pensiones, lo que arrojaría 136 euros al mes.
Algunos, además, optan por firmar con una compañía de seguros lo que se conoce como planes de previsión asegurados (PPA), con rentabilidad asegurada y también con ventajas fiscales. En España hay 457.000 asegurados, según Unespa, con una proyección de más de 20.000 para Málaga.
El director general de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco), Ángel Martínez-Aldama, destacó ayer a este periódico que los planes de pensiones permiten al inversor ahorrar de cara a esta renta complementaria a la medida de sus posibilidades, siempre pactando con la entidad correspondiente el nivel de rentabilidad pretendido y el riesgo (en forma de inversiones en renta variable) a asumir.
Cada persona tiene hasta el final de un ejercicio para destinar su aportación al plan de pensiones y desgravar esas cantidades en el ejercicio siguiente. Incluso puede haber titulares de planes de pensiones que durante años enteros no destinen nada al citado plan. Según Martínez-Aldama, eso es lo que puede haber pasado en los ejercicios fiscales de 2008 y este 2009 que ahora se va a declarar, ya que la crisis y el galopante aumento del paro habrá hecho que muchos ´congelen´ o reduzcan al mínimo sus aportaciones.
Fuentes del sector confirman que en 2009 las aportaciones a los planes de pensiones bajaron respecto al ejercicio anterior, "aunque el patrimonio de los mismos se incrementó gracias a los resultados positivos de los mercados bursátiles".
Plan de empresa. El responsable de Inverco dijo que la ciudadanía debe tomar conciencia de la inversión que sufrirá la pirámide poblacional a medio plazo, lo que unida a que la media de años en los que un jubilado cobra su pensión pasará de los 16 actuales a 23, aconseja buscar estas fórmulas complementarias. En todo caso, admitió que los salarios actuales ponen muy difícil al trabajador medio acudir a estos planes, por lo que propuso como vía más factible de extenderlos el incentivar a las empresas para que los apliquen a sus plantillas, como ya ocurre en algunas grandes compañías o en instituciones como las propias Cortes.
Los planes de pensiones permiten la deducción en la base imponible del IRPF hasta un límite de 12.500 euros anuales a partir de 50 años a cambio de una "iliquidez" en las inversiones. Esto significa que sólo se permite rescatar el dinero acumulado antes de la jubilación en caso de paro prolongado, enfermedad grave, dependencia severa o incapacidad.
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