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mercedes gallego. Alicante La directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente destaca la "buena colaboración" que los dueños de los chiringuitos ofrecen a Costas para la regulación de estos negocios en Málaga. Además, asegura que aún se hacen estudios sobre las casas de El Palo y que el proyecto de los Baños del Carmen está listo a falta del rescate de terrenos aledaños.
–Los chiringuitos de Málaga capital están pendientes de que se decida su reubicación y el pago del canon. ¿Hay alguna decisión? ¿Está resuelta su reordenación en el resto de los municipios costeros de la provincia?
–En Málaga estamos tramitando cinco o seis concesiones para establecimientos en la playa de La Caleta y allí el único problema que se ha planteado ha sido el canon, que pedían una rebaja. Pero el canon es una tasa y estamos encorsetados porque hay una orden ministerial que lo regula. Una parte de ese canon es un porcentaje del valor catastral donde nosotros no podemos influir. Creo que lo están entendiendo y que dentro de poco se va a solventar. Y en cuanto acepten esa condición se otorgarían inmediatamente las concesiones porque no hay más problemas: se ajustan a lo que marca la ley y los empresarios y el ayuntamiento están colaborando con nosotros. En el resto de los términos municipales hay situaciones muy avanzadas, como en Marbella, donde ya se ha decidido la ubicación definitiva de todos los establecimientos (algunos se los ha subido para que no estuviesen metidos en la arena, en otros casos ha sido imposible la reubicación y mantendrán la actual). Se sigue tratando de ajustar el mantenimiento de esas propiedades con el dominio público y hay una colaboración buena con los empresarios. En municipios con menor número de instalaciones, como Casares y Algarrobo, ya se están tramitando.
–¿Cuándo terminarán las obras de regeneración de La Caleta? ¿Hay plazos para desbloquear la recuperación del entorno de los Baños del Carmen?
–Las obras en la Caleta prevemos que estén antes de verano porque van muy adelantadas. En cuanto a la actuación que queremos realizar para recuperar los Baños del Carmen, el proyecto ya está hecho y prácticamente listo para aprobar y lo que hay que hacer es recuperar unas concesiones que ocupan unos terrenos sobre los que hay que actuar y en el momento en que se rescaten, indemnizando, por supuesto, comenzaremos la obra.
–Tras un invierno tan devastador y a pocos días de la Semana Santa, ¿tiene ya previsto el Ministerio los aportes de arena que precisan las playas?
–Hemos tenido un invierno en el que los temporales no han dado tregua. Costas está al tanto de los daños que se han producido y ya se han autorizado obras de emergencia en Andalucía y Valencia, pero tenemos que esperar a que los temporales terminen para conocer la situación definitiva y en ese momento se empezará a trabajar para tenerlo todo a punto para cuando lleguen los turistas. Ya se están haciendo reservas de arena, aunque hay escasez de recursos.
–¿Por qué si el Ministerio es uno la aplicación de la normativa de Costas es tan dispar?
–La aplicación que realiza el Estado no es dispar, otra cosa son las competencias urbanísticas que tenga cada comunidad. Respetando los mínimos que marca la legislación estatal, el concepto de ordenación del territorio y el de urbanismo puede ser diferente en una autonomía u otra.
–¿Puede haber excepciones en la normativa que se aplica para definir el dominio público? ¿Se ha tomado alguna decisión para dar solución al problema que afecta a los vecinos con viviendas en los barrios de El Palo y Pedregalejo?
–Se están haciendo estudios por parte de la Demarcación de Costas porque en este caso ha habido multiplicidad de expedientes administrativos. Se está recopilando toda la documentación para ver si hacen falta estudios complementarios.
–¿Cómo se le explica a propietarios de viviendas construidas y compradas legalmente antes de que la Ley de Costas entrara en vigor en 1988 que sus casas están ahora fuera de ordenación y que incluso pueden perderlas?
–Habría que ver supuesto por supuesto pero hay que distinguir dos cuestiones: lo que es el dominio público y las limitaciones que se establecen para su protección en los terrenos colindantes. En el caso de las viviendas construidas con todas las autorizaciones en su momento y a las que después se les aplicó la servidumbre fijada en la Ley de Costas, la propiedad sigue siendo privada y no hay consecuencia inmediata y directa que modifique este hecho. Sólo se impide incrementar el volumen. El Constitucional, al analizar la Ley de Costas y ver su régimen jurídico, lo declaró constitucional.
–¿Se ha planteado el Ministerio modificar la Ley de Costas?
–Los objetivos que persigue esta ley están aún en vigor. Sólo se ha planteado una modificación, precisamente para mejorar la situación de aquellos que habían comprado viviendas con anterioridad a su entrada en vigor y les ha afectado un deslinde cambiando su propiedad por concesión. La modificación permite que se enajenen o transmitan esas concesiones siempre que las viviendas se hayan adquirido dentro de la legalidad. El concepto de dominio público es incompatible con el de propiedad privada, y lo que estamos haciendo es mejorar las condiciones del concesionario. Nosotros consideramos que esas viviendas tienen un valor y que el justiprecio, que es la concesión, puede transmitirse. Eso está en el Congreso y estamos a la espera de que salga adelante. Pero son modificaciones puntuales que no cambian el espíritu de la ley.
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Alfonso García-Rabadán Gascón, abogado multidisciplinar y procesalista en Roji Abogados, ha respondido las preguntas de los lectores
Mónica Fernández- Mejía, miembro de Roji Abogados, responderá el miércoles, 23 de mayo.
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