´´Derribo exprés´: ¿La solución definitiva o una vía rápida de escape?´, por Juande Mellado

JUANDE MELLADO Con una treintena de alcaldes involucrados en asuntos judiciales relacionados con el urbanismo, Málaga es la primera interesada en dar con un método fiable que acabe con una situación que existe desde hace muchos años, pero que se empezó a visualizar como un problema real tras ´Malaya´. El nuevo reglamento que ayer anunció la Junta llega con la intención de poner orden en la enmarañada situación urbanística que sufre toda la comunidad andaluza. La pregunta es si será la solución definitiva o sólo una vía rápida de escape como en anteriores ocasiones. Hasta ahora la experiencia nos sitúa más bien en el segundo escenario. Andalucía ha sufrido leyes y leyes de difícil cumplimiento por parte de los alcaldes a los que la espiral urbanística sólo les condujo al banquillo de los acusados. Quizás más que una norma de buenas prácticas urbanísticas habría que realizar una profunda reflexión sobre la aplicación de la normativa. Una cosa es colorear un plan urbanístico en un despacho y otra muy diferente es ejecutarlo desde una alcaldía sin medios y con serias dudas.
Bien es cierto que esta norma llega en un momento oportuno para reabrir el debate. La mayoría de municipios están en pleno proceso de renovación y adaptación de sus planes generales de ordenación urbana. Los alcaldes reclaman seguridad. Pero este reglamento parece más una herramienta de apoyo que un instrumento directo para solventar las ilegalidades sin tener que pasar por los tribunales. Los ayuntamientos podrán derribar las casas no legalizables en un mes, evitando así que las tropelías urbanísticas tengan hueco, pero qué pasa si esas construcciones ya han sido denunciadas, si se han autorizado a pesar de estar en terrenos no urbanizables, ¿tendrán entonces esos regidores que responder ante la Justicia o les eximirá el llevar adelante el derribo? Desde que las irregularidades urbanísticas comenzaron a ocupar espacio mediático y a reproducirse por todo el territorio andaluz, la Junta ha tratado, con éxito desigual, de aclarar el panorama. Sin duda, esta nueva norma ayudará a ´limpiar´ el urbanismo ilegal, pero la Administración autonómica no debe perder de vista a quienes deberán ejecutar este reglamento: los alcaldes. Ellos son los primeros interesados en tener más seguridad en su gestión diaria y a ellos debe dotar la Junta de más medios y conocimientos para poner en marcha el ´derribo exprés´.