El fiscal califica de ´teoría de la conspiración´ el intento de las defensas de derribar el caso

josé antonio sau. Málaga La segunda jornada del juicio por el ´caso Ballena Blanca´, la mayor trama de blanqueo de capitales desarticulada en Europa, no se centró ayer en una discusión gastronómica sobre la especie que debe darle nombre a la causa –¿ballena o chanquete?– en función del montante ´lavado´, sino que las defensas trataron de demostrar que la instrucción del juez Miguel Ángel Torres y el papel del fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero carecieron de cualquier respeto exigible a los derechos constitucionales de los 19 imputados.
El acusador público habló el último y, cuando lo hizo, volvió a sacar la cara una vez más por el magistrado granadino, que ayer recibió ´palos´ por parte de la mayoría de los letrados. Según los defensores, jamás debió atribuirse el asunto, ya que, explican, vulneró las normas de reparto, dado que el atestado policial fue remitido al juzgado de guardia y debió haber sido turnado. Pero López Caballero indicó que, al inicio de la investigación, ni él ni la inteligencia policial conocían al instructor, y calificó las acusaciones nada veladas de las partes como una suerte de "teorías de la conspiración". El juez de guardia, siguiendo las normas marbellíes, era el que debía hacerse con el caso y la denuncia se presentó cuando Torres hacía esta labor.
También recalcó que, frente al argumento defensivo que hizo hincapié en la falta de control judicial sobre las intervenciones telefónicas o las detenciones, "las decisiones del instructor fueron revisadas y ratificadas por la Audiencia Provincial".
Negó, asimismo, que la investigación partiera de meras hipótesis; todo lo contrario, nació de "un discurso racional" que aportaron las comisiones rogatorias enviadas y que situaban al despacho de Fernando del Valle en el centro de una trama que blanqueaba presuntamente dinero del crimen internacional. La complejidad de las pesquisas del ´lavado´ de dinero requiere de medidas especiales, "lo que implica la limitación de derechos". Hubo, por tanto, "indicios racionales" desde la génesis.
En cuanto a si el registro del bufete marbellí vulneró el secreto profesional, López Caballero destacó que éste es "un medio, no un derecho absoluto".
Llamativa fue la intervención de Bosco García, defensor de la notaria Amelia Bergillos, quien supuestamente daba fe de algunas de las sociedades creadas desde el despacho para ocultar el dinero ilícito. Éste aseguró que el granadino le tenía "manía" a la fedataria pública. No en vano, si en un principio se partió del análisis de la constitución de 116 sociedades, sólo tres de ellas se incluyen en el escrito de acusación, dijo García, quien se quejó de los "prejuicios" que el magistrado tenía sobre los notarios.
"La detención tuvo fines ajenos a la instrucción; luce mucho detener notarios, pero, ¿era necesario?", se preguntó, atribuyendo así a Torres un interés mediático.
Por ello, pidió que se resuelva sobre la recusación presentada contra el magistrado, lo que rechazó el fiscal dado que, cuando ésta se concretó en julio de 2007, Torres se encontraba ya en su cómodo juzgado de lo Penal granadino. También atacó duramente la investigación José Carlos Aguilera, representante del también notario Álvaro Rodríguez Espinosa. Éste, reseñó su abogado, estuvo 58 horas y media detenido: "Se instituye así la pena de calabozo".
La detención, en opinión del experimentado penalista, fue "ilegal". Y no fue el único arresto que así puede calificarse, expuso. En concreto, fueron detenidas en marzo de 2005 más de 40 personas, pero sólo había autos que justificaran la captura de 31 implicados. De la decena restante nada más supo.
Aguilera también aportó un calificativo para la instrucción, "inquisitorial", amén de asegurar que ´Ballena Blanca´ ha supuesto "la mayor subversión del orden constitucional en cuanto a las garantías procesales" acaecido en el país.
José Antonio Choclán, representante del finlandés Aki Kujala, fue especialmente duro en su exposición: "La policía hizo informes sesgados y, con una voluntad teledirigida, se inventó que Aki fue condenado por delitos económicos en el 97. Eso es incierto". Por otro lado, expuso, "ni el juez ni el fiscal trataron de descubrir la verdad material", al tiempo que afeó el hecho de que ambos aceptaran condecoraciones policiales.
Los acusados se enfrentan a un total de 65 años de cárcel y a multas potenciales que superan los 86 millones de euros. Para Fernando del Valle, presunto cerebro de la trama, el fiscal reclama 15 años de privación de libertad.