Martín Serón cobró supuestamente 239.000 euros en comisiones

josé antonio sau. Málaga El ´caso Troya´ llega a su recta final. El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero ha solicitado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP); su edil de Urbanismo, Gregorio Guerra; dos funcionarios y 16 empresarios por delitos relacionados con la corrupción urbanística.
En concreto, el fiscal reclama cuatro años y medio de cárcel, una multa de medio millón de euros y once años de inhabilitación para el regidor por cinco delitos de cohecho pasivo, amén de otros ocho de prohibición para ejercer el cargo público por prevaricación.
El titular de Urbanismo, a quien el fiscal considera ´cabecilla´ de la trama, se enfrenta a cinco años y medio de cárcel, una multa de 1,6 millones de euros y una inhabilitación de once años por once delitos de cohecho pasivo, amén de a otros dos años de prisión y una inhabilitación de una década por catorce delitos contra la ordenación del territorio.
Al asesor jurídico que más informes supuestamente falsos rubricó se le piden 18 meses de prisión y nueve años de inhabilitación por doce delitos contra la ordenación del territorio, mientras que para su compañero se propone un año de cárcel.
Los 16 constructores que pagaron los sobornos se enfrentan a dos años cada uno por cohecho, amén de al pago de multas que oscilan entre los 15.000 y los 180.000 euros, a lo que habría que sumar otro ejercicio de encierro por ilícitos contra la ordenación del territorio. En total, se piden 63 años de privación de libertad y multas por más de 2,8 millones de euros.
Se propone asimismo el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra seis personas, entre ellas la esposa del regidor.
El acusador público considera que "en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, al menos desde 2002, ha venido funcionando una trama cuyo objeto no era otro que obtener el enriquecimiento personal ilícito de ciertas autoridades municipales, y que consistía en ofrecer a los constructores y promotores inmobiliarios que estuviesen interesados la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad respecto de la legalmente prevista en la norma de planeamiento, a cambio de la oportuna retribución económica".
Al frente de la trama estaría Gregorio Guerra, "quien se encargaba de negociar las nuevas condiciones urbanísticas a aplicar a los proyectos de obra y las contrapartidas a abonar a los empresarios, recaudando los fondos procedentes de tales pagos".
Los sobornos aparecen recogidos en las anotaciones manuscritas y en los archivos informáticos intervenidos en el registro del despacho municipal del edil popular, efectuado el 19 de enero de 2007.
El acusado había tasado el precio a pagar por el incremento en los metros de edificabilidad y el número de viviendas respecto de lo legalmente establecido para esos parámetros, sostiene el acusador, "de modo que el metro cuadrado de techo de más se cifraba en 80 euros, mientras que a la vivienda proyectada en exceso se aplicaba la suma de 6.000 euros".
Consecuencia de ello es el importante "lucro" que se aseguraban los empresarios que accedían a pagar los sobornos por la intención de las licencias ilegales.
Para ello, contaban con el apoyo de dos funcionarios, ambos asesores jurídicos, que, pese a conocer las presuntas irregularidades y los informes negativos al respecto, informaban "siempre a favor del otorgamiento de las licencias".
El fiscal asegura que Serón sabía lo que ocurría, pero, "a cambio de su silencio, obtenía la oportuna participación en el dinero". En el escrito se relatan hasta once casos de soborno distintos por parte de los promotores encausados para lograr aumentos de edificabilidad o más viviendas en zonas en las que los parámetros no se podían torcer. La suma de las cantidades solicitadas o percibidas por Guerra asciende a 782.445 euros, de los que Martín Serón, añade el fiscal, percibió 238.785 euros.
Casi 65.000 se hallaron en su domicilio y otros 7.000 en su despacho. Asimismo, destaca el fiscal, "en sus cuentas se han realizado numerosos ingresos en efectivo, por importe de más de 50.000 euros, entre 2002 y 2006".
En los depósitos bancarios de su esposa se produjeron seis ingresos durante 2006 que alcanzaron los 30.000 euros.