Enrique Benítez: Delegado provincial de obras públicas y vivienda: "El objetivo es aprobar el PGOU de Málaga lo antes posible"

–¿Por qué se han vuelto a unir las consejerías de Obras Públicas y de Vivienda, cuando se separaron al principio de la legislatura?

–Existe una demanda social de racionalizar el gasto público y gestionar con más eficacia los recursos en este momento presupuestario. En esta línea, y siguiendo la propuesta de José Antonio Griñán de reducir el gasto corriente, se ha tomado la decisión de unificar algunas consejerías para ahorrar en altos cargos, unir estructura y una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

–Poco antes de la reunificación, se terminó la sede específica y separada para Vivienda. ¿Se van a mantener en Málaga las dos sedes?

–Tenemos la suerte de disponer de una sede para Vivienda recién restaurada, con un alquiler muy ventajoso y con muchas ventajas respecto a la sede anterior de la plaza de San Juan de la Cruz, que es un edificio con más de 30 años y masificado. Esto nos permitirá reformar ese edificio y unificar todos los servicios de Obras Públicas, como Carreteras que está en el paseo de la Farola.

–El jueves hubo una reunión entre la Consejería y el Ayuntamiento para ver distintos temas pendientes en Málaga, entre ellos el PGOU. ¿Hay buena sintonía?

–Existe voluntad de ambas partes de llegar a un acuerdo sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga lo antes posible. En la defensa del interés general que hace la Junta de Andalucía, nuestro objetivo es apoyar y colaborar con el Ayuntamiento para que pueda aprobar su PGOU salvando unas pequeñas diferencias.

–¿Cuáles son esas "pequeñas diferencias"?

–La diferencia fundamental está en Arraijanal. La Junta propone allí un parque metropolitano para conservar una de las últimas zonas de playa virgen. Además, estamos seguros de que los malagueños van a apreciar y se alegrarán de que se haga un parque, porque es una decisión de futuro que va a beneficiar a esta generación y a las venideras. Es una inversión muy necesaria para esta ciudad, que creció de forma muy desordenada en los años 70 y necesita de espacios públicos de calidad. El Ayuntamiento ha sido muy receptivo a nuestras propuestas y soy optimista en cuanto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

–Pero el Ayuntamiento ha sido reticente a obtener Arraijanal a cambio de otros terrenos en la ciudad.

–En la reunión del jueves se constató una clara voluntad de acuerdo por las dos partes. El Ayuntamiento defiende su visión de las cosas, pero también la Junta defiende el interés de los ciudadanos cuando actúa. En este momento hay una sintonía y una cercanía que permiten aventurar una solución.

–¿Se aprobará el PGOU este año?

–El alcalde dijo hace poco que lo quería aprobar a finales de año. No me atrevo a adelantar ninguna fecha porque puede pasar algo, pero lo que desea la Junta de Andalucía es que, siendo importante para la ciudad, se apruebe en el plazo más breve posible.

–¿Se cerraron otros temas polémicos del PGOU como la construcción al norte de la Ronda Este o la edificabilidad en Campanillas?

–Hubo una serie de reuniones técnicas antes de que llegara a la Delegación y esos flecos han quedado solventados, según mis noticias.

–No es el único documento de ordenación urbanística que está pendiente, ya que hay muchos municipios pequeños en el mismo trámite en la Axarquía, Serranía de Ronda y Guadalhorce.

–La visión de la Junta de Andalucía es que cada municipio tenga su PGOU aprobado o adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Estamos haciendo un esfuerzo especial con la Axarquía porque ha sido una fuente de problemas indeseados por todos y que ha dado una imagen muy negativa de Málaga y Andalucía. Resolver esa cuestión es prioritario y se está consiguiendo con el trabajo de la Consejería y la colaboración activa de la Diputación para elaborar los planes y encauzar el ordenamiento urbanístico de la zona. Hay municipios que han avanzado, como Benamocarra, Iznate, Alfarnate y Arenas.

–El principal problema son las viviendas fuera de ordenación, en su mayoría de extranjeros. ¿Qué va a pasar con ellos?

–Hay un concepto importante que es el de seguridad jurídica. Queremos que los extranjeros que han decidido vivir en la provincia tengan seguridad porque han comprado de buena fe. La legislación actual permite buscar algunas soluciones y el camino que se está buscando es resolver los problemas de una manera satisfactoria para todos los implicados.

–¿Habrá derribos?

–Dependerá de los jueces. No me gusta hablar de derribo porque es una palabra que crea alarma. Creo que hay que hacer todo lo posible para evitar los derribos y dejarlos para casos excepcionales.

–En infraestructuras, el tren litoral es la gran apuesta de la Junta, aunque acumulan un considerable parón.

–Es la obra pública más ambiciosa de la Junta de Andalucía, con una inversión total de 5.500 millones de euros. Sin embargo, ha llegado la crisis económica y lo que podía tener una solución a corto plazo, se ha visto afectada por menos disposición presupuestaria y por eso se busca una solución alternativa de colaboración público-privada. Se están estudiando fórmulas de entrada de socios privados para que acometan la obra, aunque el titular siga siendo la Junta de Andalucía, y que recuperen la inversión a través de la explotación.

–¿No ha quedado en suspenso este proyecto?

–El proyecto sigue vigente, aunque la situación económica obligue a replantearse algunos temas. La Costa necesita este corredor ferroviario y la Junta sigue apostando por este sistema de transporte. ?