El gran lema de Mayo del 68 fue "Prohibido prohibir". Han pasado más de 40 años y los sueños libertarios se despertaron regulados en una ordenanza municipal. Málaga cuenta con 33 normativas que ponen orden a la vida ciudadana, poniendo coto –y multas– a multitud de actividades que son potencialmente peligrosas o que causan daños al equipamiento de la ciudad.

El Ayuntamiento de Málaga ha renovado el listado de ordenanzas que tenía la ciudad en el último lustro. No menos de quince reglamentos se han incorporado o renovado profundamente. El último que está en trámite es la Ordenanza de Convivencia, que el jueves pasado recibió la aprobación inicial del pleno para empezar su andadura administrativa, que permitirá su entrada en vigor en el segundo semestre del año.

Los cambios sociales y la necesidad de una mayor protección de las instalaciones públicas han obligado a introducir prohibiciones que eran impensables hace varios años. Las sanciones por hacer grafitis, el veto al botellón, las limitaciones a los ciclistas y al uso del monopatín, o los estrictos controles a la celebración de las moragas son algunos de los elementos que han pasado a engrosar los artículos que componen las distintas ordenanzas municipales.

Algunas de las nuevas regulaciones que se han incorporado en los últimos tiempos han venido de la mano de los avances tecnológicos, como la que regula la prestación telemática de servicios públicos. Esto, más o menos, viene a poner las bases para la administración digital, con la realización de trámites municipales a través de internet. Esta ordenanza empezó a plantearse en 2003, aunque se aprobó de forma definitiva hace cuatro años, una vez que el uso de internet empezó a estar generalizado entre la población.

La actualización del cuerpo normativo municipal también llegó a la Gerencia de Urbanismo, que aprobó una completa regulación para asegurar la puesta en marcha de la Inspección Técnica de Edificios (ITE), adaptándose a la ley de ámbito nacional que busca proteger y conservar los edificios más antiguos.

Los cambios sociales también han obligado a elaborar documentos que ponen orden en actividades nuevas, como el reparto de la prensa gratuita o las escuelas infantiles municipales, o que se han desbordado por el uso, tal es el caso de la ordenanza de Playas. Esta última, por ejemplo, tuvo que limitar la celebración de las tradicionales moragas. Su extensión y popularidad empezó a producir verdaderos problemas de limpieza en la playa. La consecuencia fue que la normativa puso coto a esta práctica, limitándola a las fiestas de San Juan, de la Virgen del Carmen y en el Pregón de la Feria de Málaga, tres días en los que tradicionalmente los malagueños han mirado al mar para sus celebraciones populares.

Fuera de esos momentos, hay que pedir una autorización municipal con una semana de antelación para celebrar una moraga y esperar su concesión, si no se quiere arriesgar a una multa que oscilará entre los 300 y los 3.000 euros.

La necesidad también se encuentra detrás de algunas de las normativas puestas en marcha en los últimos años. Las agresiones producidas por perros agresivos incitó al Consistorio a regular las razas consideradas como peligrosas, su control y el modo de llevar a los perros durante el paseo para evitar posibles ataques.

También la capacidad e imaginación de los vándalos, y la necesidad de controlar los destrozos en el mobiliario público, han animado a elaborar una serie de medidas que intentan disuadir a los infractores mediante multas.

La más llamativa, por el efecto social que ha tenido, ha sido la prohibición de beber en la calle, que ha supuesto la desaparición del botellón de la noche malagueña. Al menos de las convocatorias masivas en la calle que representaban un martirio para el descanso de los vecinos en la plaza de la Merced.

Estas prohibiciones, amparadas en legislación autonómica, tienen una fuerte carga sancionadora detrás, en especial para castigar la venta de alcohol a los menores de 18 años y fuera del horario del horario permitido –22.00 horas–, con multas que podrán ascender a los 64.000 euros a los reincidentes.

Esta prohibición está contemplada en la Ordenanza para la Prevención y Control de Ruidos y Vibraciones, una demanda vecinal para asegurar cierta tranquilidad en la ciudad en lo que respecta a la contaminación acústica.