Caso 'Ballena Blanca'

Del Valle desconocía los antecedentes penales de sus clientes

El letrado, investigado por el caso 'Ballena Blanca', asegura que controlaba los ingresos y gastos de las cuentas

10.05.2010 | 18:33

El letrado Fernando del Valle, acusado en el caso 'Ballena Blanca', contra el blanqueo de capitales, explicó hoy que el despacho de abogados que dirige en Marbella (Málaga), que fue investigado dentro de esta causa, realizaba actuaciones para verificar los datos de los clientes e identificarlos, pero no tenía conocimiento de que tuvieran antecedentes penales o delictivos.

Del Valle terminó hoy de declarar respecto al primer bloque ante el Tribunal encargado de enjuiciar este caso, en el que se juzga a un total de 19 personas, entre ellas a Del Valle, responsable del bufete desde el que presuntamente, según el fiscal Anticorrupción, se creó un entramado societario para ocultar el origen de las inversiones, supuestamente delictivo, y los titulares del dinero.

A preguntas de su defensa, el abogado indicó que era "estándar" en el despacho solicitar fotocopia del pasaporte, pero "no una fotocopia cualquiera, sino legalizada por el consulado del país o por un notario"; así como los documentos identificativos, como el NIE, el número de identificación fiscal o la tarjeta de residencia, pero indicó que no tenía conocimiento de antecedentes delictivos.

Además, aseguró que desde el bufete "manteníamos correspondencia con el cliente" a través del domicilio facilitado por él. En este punto, a instancia de su letrada, se le mostraron documentos de identidad de varios clientes, en la mayoría de los casos tarjetas de residencia, que están incluidos en la causa y fueron digitalizados para el juicio.

Del Valle incidió en las ventajas desde el punto de vista fiscal y de economía de costes del sistema de constitución de sociedades españolas con participación de empresas registradas en el estado de Delaware, destacando "la facilidad" en la transmisión, al permitirse "la venta del bien a través de la venta de la sociedad de capital extranjero sin grandes complicaciones burocráticas".

Además, señaló que el sistema, que, según precisó, le consta es utilizado en otros despachos, permite que "nuevas personas entren en la sociedad" y presenta ventajas en cuanto a impuestos, como el de Herencia, y en la aplicación del Derecho Sucesorio, para lo que también acudían muchos clientes, añadió, a los que también se identificaba.

Sobre los fondos a invertir, dijo que el cliente abría una cuenta a su nombre u otorgaba poderes a alguien del despacho. Respecto a las provisiones de fondo, explicó que éstos las ingresaban en una cuenta específica del bufete, la cuenta de clientes, que es "estándar en todos los despachos" y aseguró que se llevaba un control de los fondos ingresados por cada uno y en qué se gastaban.

Manifestó que tuvo dos casos concretos en que hubo "sospechas", pero no sobre la procedencia de los fondos ni por la identidad de los clientes. Una, explicó, fue porque el cliente hizo ingresos en efectivo en la cuenta de la sociedad sin conocimiento del despacho, caso en el que se informó al Banco de España, que no tomó medidas. Otra vez fue por ser una inversión de importe "elevado".

Bloques

El juicio se desarrolla por bloques según el contenido del escrito de la acusación. En este primer bloque, se analizan las supuestas inversiones de uno de los clientes acusados que se valió, según el fiscal, del entramado societario creado por Del Valle para ocultar la identidad y el origen "ilegal" de los fondos, poniendo como testaferros a sus familiares y su entonces familia política.

Además de a Del Valle, este bloque afecta a dicho cliente, que se encuentra en prisión; a dos mujeres y a dos empleadas del bufete. Una de ellas, responsable del departamento de sociedades, indicó que fue decisión del letrado acusado el que apareciera como representante del uno por ciento de la sociedad española y como administradora única, ya que era el que tomaba las decisiones de trabajo dentro del bufete.

Esta acusada, que, según dijo, no tiene conocimientos de inglés y cursó hasta Bachillerato, aseveró que no tenía contacto con los clientes, sino que éstos trataban con los abogados, y señaló que conocía los nombres de quienes constituían la sociedad en algunas ocasiones, pero puntualizó que era administradora a efectos "organizativos", sólo para tramitar la constitución de la empresa.

Manifestó que aparecer con el uno por ciento de múltiples sociedades no le costó económicamente, pero "no me gustó" cuando en los datos de Hacienda aparecían las operaciones, por lo que se lo dijo al letrado y comenzó a renunciar como administradora de las sociedades. A partir de ese momento, los nombres de las sociedades los pedía el propio letrado o el despacho.

Dijo que ella tenía un listado de nombres de empresas, pero la documentación de cada cliente la guardaba "quien lo llevaba". Sobre este bloque, no supo explicar por qué dijo en la instrucción que una sociedad investigada, a través de la que se hicieron inversiones, era propiedad del cliente acusado en esta parte, que, según la acusación, fue condenado en Francia por delito de tráfico de drogas.

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