El ´caso Arcos´ contra la corrupción urbanística y política en Alcaucín sigue generando novedades veinte meses después del inicio de las investigaciones por parte de la Guardia Civil. Así, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez Málaga, Irene Urbón, ha decidido prorrogar, por vigésimo mes consecutivo, el secreto de sumario para las partes personadas.

Ello ha provocado ya las primeras protestas por parte de los abogados, sobre todo después de leer el motivo de la prolongación del sigilo procesal. "Se prorroga el secreto un mes más, al continuar la Guardia Civil, Unidad Central Operativa (UCO), con el análisis de la documentación pendiente de estudio intervenida en los numerosos registros practicados", explica la magistrada Urbón.

Del examen del material informático y de los papeles incautados en las diferentes intervenciones domiciliarias, "podrían resultar nuevas diligencias de investigación, por lo que se considera necesario mantener el secreto de las actuaciones en relación con la parte en la que no se ha levantado hasta tanto concluya este análisis".

El sigilo procesal, por tanto, se alarga hasta el próximo mes en relación al tomo X y siguientes de las actuaciones y a partir del tomo XV en relación a la pieza separada. Se mantiene el secreto con el objetivo de que no se alteren o destruyan pruebas por parte de las personas implicadas, añade la juez. El ´caso Arcos´ fue incoado el 19 de septiembre de 2008 y las primeras detenciones, más de veinte, se produjeron en febrero del pasado año. Entre los arrestados más ilustres se encuentran el ex alcalde socialista de la localidad axárquica, José Manuel Martín Alba, quien estuvo varios meses en prisión preventiva.

El auto ha permitido conocer que ya hay treinta y tres encausados en esta trama de corrupción basada en el soborno de autoridades locales y funcionarios por parte de empresarios con el objetivo de legalizar construcciones irregulares. La denuncia inicial partió de informantes anónimos, aunque fue la intención del pleno en recalificar el extrarradio del pueblo lo que levantó las sospechas de la Guardia Civil. La Junta de Andalucía aseguró que ese intento de elaborar de facto un nuevo plan general violó "de forma flagrante" la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Si en Marbella adquirió el soborno la categoría de arte, y en Estepona se torció la ley para hacer aparecer las donaciones de empresarios como gestos de ayuda al pueblo, en Alcaucín lo habitual era la manipulación de informes y certificados, sobre todo para validar la antigüedad de casas que realmente no eran tan añejas como se pretendía.

En el registro de la casa del alcalde se hallaron 160.000 euros. Incluso, los investigadores creen que éste podría haber sido agasajado con una parcela y un ático por los favores urbanísticos prestados. De cuatro vehículos que posee, valorados todos ellos en 66.000 euros, el ex regidor sólo pudo explicar ante los agentes del Instituto Armado el origen de uno de ellos. En apenas dos años, recibió presuntamente cuatro cheques, uno de ellos de 7.000 euros.

También se le achaca que, requerido algún juzgado para explicar la legalidad de determinadas construcciones, Martín Alba envió informes supuestamente manipulados.