El decano reclama treinta jueces más

josé antonio sau. MÁLAGA Ni estaban bien antes ni están mejor ahora. Todo lo contrario. La Justicia, según las reflexiones del juez decano de la capital, se encuentra en coma profundo. José María Páez dio ayer una dura rueda de prensa en la que habló, alto y claro, de la situación que atraviesa la judicatura. Para empezar, calificó de «brutal» el incremento de trabajo experimentado en 2009 por los juzgados de Málaga. Para absorber ese aumento, hacen falta treinta magistrados más sólo en la ciudad, reseñó.
A salir de esta difícil situación no ayuda el hecho de que, para 2010, sólo se vaya a poner en marcha un juzgado de lo Penal. Todas las jurisdicciones y los órganos superan los módulos de trabajo propuestos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Tenemos cargas de trabajo de 170 ó 200%», sentenció Páez. Málaga, explicó, va a tardar años «en recuperarse de las cifras de 2009».
La teoría de Páez, que ayer presentó su primera memoria, es clara: llueve sobre mojado. «Antes de 2009 teníamos un déficit estructural», dijo, pero la crisis ha multiplicado los asuntos, «agravando ese defecto». «Cualquier incremento del trabajo de los juzgados, sobre todo civiles, sociales o mercantiles, incide de manera muy directa en lo que es la economía, porque si los asuntos que hay no van saliendo, ello repercute de manera negativa en el tráfico económico», recalcó.
Son precisamente las jurisdicciones que han de resolver conflictos de naturaleza económica o laboral las más afectadas. En mercantil, uno de los magistrados llegó a hablar irónicamente en un auto de «suicidio colectivo». Los dos juzgados de este área están desbordados: en el 1 hay 2.979 asuntos sin resolver, mientras que existen 595 en el 2. Y cuidado con el procedimiento concursal de la promotora Aifos, porque si las partes no llegan a un acuerdo, el asunto se desgajará en unos 5.000 procesos.

Primera Instancia
En el área civil, se ha pasado de las 32.692 demandas de 2008 a las 41.106 del pasado ejercicio, mientras en lo Social –laboral– en 2009 se vieron 18.170 procedimientos, frente a los 13.407 de 2008. Pese al refuerzo de dos magistrados. Aquí, dijo el decano, harían falta cuatro magistrados más. Otros tres en mercantil y nueve en civil serían también imprescindibles.
Tampoco quiso dejar el decano de lado la polémica de las sentencias sin ejecutar que llevan años colapsando los órganos de lo Penal. A día de hoy hay 17.662, algo «negativo», sobre todo porque los jueces ya andaban preocupados cuando sólo existían 11.000. «Eso ya era escandaloso. Hablamos de un tema muy delicado», indicó. Y tanto. Fue una sentencia sin ejecutar la que propició que Santiago del Valle, condenado por abusos sexuales en Sevilla, estuviera libre el día que trató de violar y asesinó presuntamente a la niña onubense Mari Luz Cortés, de sólo cinco años. Este hecho estuvo en el origen de las dos huelgas que los jueces llevaron a cabo el año pasado.
«La administración de Justicia sigue funcionando, los ciudadanos pueden estar tranquilos, porque los asuntos se estudian y se resuelven, pero no con la celeridad que nosotros entendemos que se debe realizar», alertó.
Estos días se trata de implantar en los juzgados malagueños, y en los de todo el país, la reforma de la oficina procesal, una mejora que trata de unificar servicios jurisdiccionales huyendo de la tradicional división de órganos para optimizar así el trabajo. Al tiempo, la reforma supone la llegada de la informática a un mundo en el que los expedientes siguen siendo de papel. Hace una semana se mojaron varios de éstos en un juzgado de lo Penal especializado en Violencia de Género tras la rotura de una tubería. Evidentemente, no pudieron celebrarse esos juicios orales.

Nuevas tecnologías
La informática, se queja Páez, no termina de llegar. «Estamos un poco cansados de asistir a presentaciones virtuales de lo que es la Justicia. No podemos estar pendientes de proyectos, de presentaciones de Power Point, virtuales, de lo que parece que es esta administración de Justicia, pero que en realidad no es», apostilló el juez decano.
La sobrecarga de trabajo no se queda sólo en los juzgados: el Servicio Común de Actos de Comunicaciones (SCAC) practicó casi 180.000 diligencias sin que haya aumentado la plantilla desde el año 2000.

Beneficios a corto plazo
El presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Arroyo, se mostró recientemente muy duro con la situación de la Justicia en Málaga, aunque empleó palabras más «moderadas». Así, recalcó que a la política no le interesa invertir en este ámbito puesto que no ofrece beneficios a corto plazo, sino que las respuestas, en forma de disminución de la tensión social, no son una realidad hasta medio o largo plazo.