Economistas supeditan la mejora en 2011 a que se firme la reforma laboral

josé vicente rodríguez. málaga El decano del Colegio de Economistas de Málaga, Juan Carlos Robles, aseguró ayer que no será hasta el segundo semestre de 2011 cuando empiece a mejorar la economía malagueña, aunque vinculó esta perspectiva a que se produzca cuanto antes una «imprescindible y urgente» reforma laboral. Durante la presentación del quinto Barómetro económico de la provincia de Málaga, Robles auguró que la recuperación se producirá a un ritmo lento, a la vez que puntualizó que el último semestre de 2010, junto al primero del próximo año, será «el peor punto», debido a medidas que consideró muy negativas como la subida del IVA a partir del próximo julio.
Tanto el decano del Colegio como su director de Estudios Económicos, Fernando del Alcázar, afirmaron que la coyuntura «no deja de ser descorazonadora», con el único elemento positivo de que la caída pronunciada de la economía está dando paso a una fase de «estancamiento». No obstante, advirtieron de que este parón puede prolongarse «indefinidamente» si el Gobierno no toma las medidas adecuadas.
El Colegio de Economistas recordó que en los dos años de crisis, uno de cada cinco malagueños ha perdido su puesto de trabajo, y añadió que el sector de la construcción «sigue sin dar muestras de recuperación», al igual que el de la industria o el inmobiliario. Sólo el sector servicios, que incluye el turismo, y el agrícola, soportan mejor la crisis
Los economistas se mostraron contrarios a las medidas del Gobierno para combatir el déficit público. «Son ineficientes, son menos de las que deberían adoptarse y son otras las que deberían haber sido adoptadas», aseguró Robles, que propuso como fórmula para reducir el déficit racionalizar el gasto y reestructurar el sector público.

Propuestas al Gobierno
El Colegio reclamó que la reforma laboral acabe con la «rigidez» del mercado laboral, acabe con la «disparidad» de contratos y proporcione mayor seguridad a los empresarios de que podrán realizar ajustes de plantilla en momento de crisis sin el coste de 45 días por año trabajado, que consideró «excesivo». Robles opinó que si no hay acuerdo entre sindicatos y empresarios será el Gobierno, a través de un decreto, el que diseñe la reforma laboral.
También apuntaron recomendaciones como la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social a pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos o llevar a cabo medidas para combatir el «fraude sistemático» en las subvenciones agrarias, el fiscal y el laboral.
Además, hicieron hincapié en la necesidad de implantar medidas orientadas a mejorar la productividad en el trabajo a través de un plan global de formación a largo plazo, además de adoptar medidas «serias» para dinamizar a las empresas. «Si se incentiva a las empresas, éstas crearán empleo», manifestó el decano.
Respecto a la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) prevista para el 1 de julio –del 7% al 8% el tipo reducido, del 16% al 18% el general– afirmó que «no parece que sea una solución que vaya a propiciar verdaderamente una salida de la crisis, ni una contracción del déficit suficientemente representativa».
Según sus cálculos, con este incremento se recaudarán unos 7.000 millones de euros, aunque si se resta el previsible descenso del consumo, el saldo real de la medida será de unos 4.000 millones. «Con un déficit público de 115.000 millones, esto es una raya en el agua», apuntó.