El Fiscal pide la absolución para Ávila Rojas

EFE La fiscalía malagueña ha asegurado hoy durante el juicio contra el promotor José Avila Rojas y su hijo José Humberto Ávila que no ve en la actuación de ambos delito de estafa, por lo que pide la absolución.

Por su parte, la acusación particular pide que los acusados sean condenados por el mencionado delito tras la denuncia presentada en 2003 por 59 vecinos del conjunto residencial San Marino de San Pedro de Alcántara, en Marbella.

Los afectados mantienen que adquirieron entre 1997 y 2001 diferentes plazas de garajes y trasteros en dos sótanos del conjunto San Marino, "sin que la promotora y vendedora les informara de que habían sido embargados".

El embargo se produjo por una deuda de más de tres millones de euros que mantenía la empresa de Ávila Rojas con la Hacienda Pública.

El fiscal considera que no ha quedado acreditado que el promotor ni su hijo recibieran la notificación de embargo y que debido a ello no se puede entender que intentasen cometer un delito de estafa.

Durante el juicio, que se ha celebrado hoy en el Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga, Ávila Rojas ha reconocido que mantenía una deuda con Hacienda pero que estaban en negociación para el pago de la misma.

Para el promotor, Hacienda actuó "sorpresivamente" ya que ellos habían pedido un aplazamiento y les habían ofrecido unas garantías, pero en un determinado momento hubo "un error de comunicación", según Ávila Rojas, y el embargo supuestamente no se le notificó.

La abogada de la acusación no comparte esta versión de los hechos y mantiene que ocultaron el embargo y continuaron con la venta de garajes y trasteros y, que además en vez de otorgar escritura pública hacían las ventas con contrato privado.

Durante el juicio han declarado dos afectados que han asegurado que les ocultaron el embargo y durante mucho tiempo les dieron excusas de todo tipo para no escriturar las plazas de garajes y trasteros.

El abogado defensor de Ávila Rojas ha argumentado que los compradores llevan años disfrutando de esos garajes y trasteros y que no se ha producido ningún engaño ni fraude.

Para este letrado este asunto no es penal "en tal caso es de índole civil" al no mantener libre de cargas los garajes y trasteros durante un periodo concreto de tiempo, pero el abogado ha destacado que el embargo ya se canceló y que los compradores no han sufrido ningún perjuicio.

El constructor granadino José Ávila Rojas estuvo en prisión por fraude a la Hacienda Pública hasta obtener el tercer grado penitenciario en otro asunto.

El promotor, que siempre ha defendido su inocencia, agotó así la vía judicial para tratar de eludir el ingreso en prisión por una sentencia que lo condenaba a ocho años de cárcel y al pago de unos diez millones de euros por cuatro delitos de fraude a la Hacienda Pública.

El fraude se produjo en operaciones de compraventa de dos fincas de la localidad malagueña de Marbella, efectuadas en 2001 y 2002, al eludir el pago del IVA y del IRPF.

El constructor es también uno de los imputados en la operación Malaya sobre la presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), causa en la que, tras prestar declaración, eludió la prisión al pagar los 500.000 euros de fianza que le fueron impuestos.