Fiscales de la Unión Progresista exigen más protección para las víctimas de explotación sexual

Fiscales de la Unión Progresista han exigido hoy más protección para las 30.000 mujeres víctimas de explotación sexual que hay en España, y han incidido en la necesidad de llevar a cabo medidas de reforma que protejan a estas personas, con el fin de que pueda haber una persecución real de estos delitos.

"Tenemos que hacer un esfuerzo por sancionar estas conductas, ya que es muy difícil conseguir que los inmigrantes testifiquen", ha asegurado a Efe Francisco Javier Pérez, fiscal de extranjería en Barcelona.

Por su parte, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Emilio Sánchez, ha manifestado que uno de los principales problemas es que la víctima sometida a la explotación sexual suele estar en situación irregular, lo que impide que denuncie, ya que si lo hace se somete a un riesgo físico propio o de sus familiares.

Ha asegurado a los periodistas que la protección actual a estas personas es "muy limitada", por lo que es "necesario" articular un sistema que garantice a estos inmigrantes que la denuncia que interpongan a las mafias explotadores no les va a generar ningún tipo de consecuencia desagradable.

Sánchez, que ha acudido hoy al congreso que conmemora el XXV Aniversario de la Unión Progresista de Fiscales y que se celebra hasta mañana, ha destacado que la perspectiva progresista acerca del papel de los inmigrantes en nuestra sociedad es "fundamental".

Otra de las propuestas que se llevarán a cabo a lo largo de la jornada se refiere al artículo 318 del Código Penal, "que castiga los delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal y que más que proteger los derechos de los extranjeros, protege únicamente el interés del estado".

"Controlar los flujos migratorios es un derecho defendible pero no fundamental como para castigar con penas que, en ocasiones, superan los seis años de prisión", ha aseverado Francisco Javier.

Asimismo, ha incidido también en la situación en que se encuentran los menores extranjeros, ya que cuando cumplen la mayoría de edad pasan a una situación de ilegalidad susceptible de expulsión, por lo que exige que "el legislador les conceda la residencia sin esperar los plazos recogidos en el reglamento".

El presidente del congreso, Antonio Morales, ha incidido en que habría que agilizar los procesos penales en España, "que son de garantía", aunque reconoce que la Defensa que interviene tiene derecho a la utilización de los recursos legalmente establecidos, lo que implica que la respuesta "no sea inmediata".

Morales ha subrayado que los delitos en Málaga, como es el caso de agresiones sexuales, asesinatos, homicidios e intimidación, se han reducido respecto a años anteriores en torno a 7.000 casos.

Preguntado por la visión que los fiscales tienen de la justicia en España, ha indicado que son "los grandes adelantados en la administración de la justicia", ya que han sabido "adaptarse" a los tiempos actuales a través de especialidades como corrupción, delitos económicos y siniestralidad laboral, entre otros.