Los inversores que hace unos años decidieron apostar en masa en el negocio de las huertas solares viven momentos de incertidumbre, a la espera de un decreto del Gobierno que, previsiblemente, aplicará una nueva reducción del 40% de las primas que se pagan por kilovatio hora (KWh) para vertirlo a la red eléctrica. Lo peor es que esta decisión podría incluir una cláusula de retroactividad, lo que afectaría no sólo a las nuevas instalaciones, sino a las 17 minicentrales solares ya instaladas en zonas como Antequera, Humilladero o Campillos y en las que muchos invirtieron sus ahorros (o se endeudaron) esperando umbrales de rentabilidad de hasta el 8% y el 9%. Ese retorno podría quedar ahora reducido al mínimo y hacer peligrar una inversión conjunta de unos 240 millones de euros.
La situación la confirma el presidente de la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean), Mariano Barroso, que recuerda que el Ministerio de Industria ya aplicó en 2009 un primer decreto de rebaja del 35% en las primas, aunque los pioneros siguen cobrando los 0,45 céntimos por KWh. El problema de fondo es que la apuesta por este ámbito sobrepasó en su momento las expectativas. Para responder a un crecimiento sostenible del sector se esperaban tener conectadas a fecha de hoy 500 megavatios a nivel nacional, pero lo cierto es que ya hay 3.700, casi ocho veces más, de los que cerca de 40 pertenecen a Málaga. Las golosas primas de entonces, ahora amenazadas, llevaron a particulares e inversores a crear sociedades de gestión de unos huertos que se veían como el gran negocio del futuro. En ese ´boom´ nacional, Industria ha visto síntomas de especulación.
Malestar en el sector
Barroso desmiente tajantemente que existan malas prácticas en el sector más allá de algún hecho aislado para el que pide «el máximo castigo». Se ha hablado de casos en Castilla y León investigados por Industria donde algunos huertos han dado lecturas de producción durante la noche al conectar generadores diésel a las plantas solares para cobrar la subvención. Rayas en el agua de un sector donde el excesivo crecimiento se combina con una crisis que impide al Gobierno, en estos tiempos, afrontar desembolsos para las energías renovables.
Y mientras, en la comarca de Antequera, epicentro del sector de la fotovoltaica, no dan crédito. Los nuevos recortes de primas anunciados han sentado como «un jarro de agua fría» a las empresas e inversores que han proliferado en este terreno. El sector se postulaba como un negocio seguro, no sólo para las firmas impulsoras de instalaciones, sino para los propietarios de todos aquellos terrenos rústicos que apenas contaban con productividad agrícola, y que habían optado por buscar nuevas alternativas de negocio.
Cuentas que no cuadran
El sector se mantiene expectante, pero presagia «oleadas» de demandas en los juzgados españoles y europeos si el recorte de primas fuera retroactivo, ya que consideran «ilegal y no asumible» que el Gobierno «cambie las reglas de juego» pactadas en su día.
«Hasta donde yo entiendo y puedo tener conocimiento, no es asumible que un real decreto plantee porque sí retroactividad en un campo de desarrollo que ya estaba legislado y que de hecho está sufriendo varapalos uno tras otro», apunta el director financiero de Ansasol, Tobias Greiling.
Esta empresa de origen alemán está apostando por las plantas fotovoltaicas en todo el panorama andaluz, y cuenta ya con varias instalaciones activas o en proyecto en la provincia de Málaga. Un ejemplo concreto es Antequera, donde levantaron un huerto solar en la Colonia de Santa Ana en una parcela conocida como Cortijo de El Cura. La instalación y su aprovechamiento fue vendida a otro inversor, que asumió la compra del proyecto con una prima por kilovatio. «Ahora, con las primas cada vez más bajas, e incluso con este concepto de retroactividad, este inversor no podrá asumir sus deudas con los bancos, que también dejarán de apostar por el terreno de la fotovoltaica», teme Greiling.
Los recortes en las primas afectarán a todos aquellas actuaciones con licencia de obra pendiente sólo de autorización para levantar la instalación, ya que «los números, en un gran número de casos, no les cuadrarán a los inversores». Lo tendrán aún más complicado las firmas con huertos proyectados, pero al inicio de tramitación. «Quizá al final no levantemos la instalación prevista en Antequera, porque a la hora de hacer números no compensará», confiesa Juan Jesús Jiménez, uno de los socios de la empresa Inmosolar 21.
