La ordenanza municipal para erradicar la práctica de la prostitución se encuentra paralizada en la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Málaga desde hace meses. La ausencia de una ley de rango nacional está dificultando el estudio de este proyecto municipal.
La concejala de Bienestar Social, Mariví Romero, señaló que es muy complicado para la Asesoría Jurídica cerrar la ordenanza por la falta de una normativa superior que sirva de marco para el proyecto municipal. En este sentido, reclamó al Gobierno una solución ante la indefensión municipal en este asunto.
El borrador de la ordenanza fue elaborado por la Concejalía de Bienestar Social, quien lo remitió a la Asesoría Jurídica para que estudie su contenido, ya que no existe una legislación estatal o autonómica en la que apoyarse. Para ello, se está comparando este proyecto de ordenanza con otras similares de municipios españoles, lo que ralentiza el proceso al ser un tema muy delicado. De hecho, en Sevilla y Barcelona no han logrado los objetivos perseguidos.
La regulación del ejercicio de la prostitución en la vía pública es una reclamación vecinal desde hace muchos años, ya que se ha convertido en un problema de convivencia en determinadas zonas de la ciudad, como el entorno de la Alameda de Colón y los polígonos. Actualmente, la Policía Local no tiene competencias para actuar contra esta práctica y sólo existe marco legal de ámbito nacional para la persecución del proxenetismo.
Mesa de estudio
Para buscar soluciones a este problema, el grupo municipal socialista propondrá la creación de una mesa técnica con la participación de entidades sociales del Consejo de la Mujer, vecinos y comerciantes. El objetivo de este órgano será elaborar un plan específico «para la erradicación de la trata de blancas, la prostitución u otras formas de explotación sexual», según el portavoz socialista, Rafael Fuentes.
Esta propuesta la presentarán en la próxima comisión del área de Bienestar Social, con idea de abordar este problema desde distintos ángulos y con la implicación del tejido social. Fuentes destacó que el documento que resulte de este trabajo debe «recoger el compromiso del Ayuntamiento para adaptar las normas municipales y las medidas sancionadoras».
«No podemos esperar más para ponernos todos a trabajar, dada la situación en la que viven numerosas mujeres, y los problemas de convivencia que generan en diferentes puntos de la ciudad», sentenció. Además, criticó el retraso de la ordenanza municipal sobre prostitución, pese a asegurar hace 9 meses «que estaba a punto de entrar en vigor».
