La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, consideró hoy "injusto" que los 810,78 millones de euros solicitados por la Fiscalía Anticorrupción para el presunto cerebro de la trama de corrupción municipal en la localidad marbellí Juan Antonio Roca, --por los delitos de blanqueo de capitales continuado, prevaricación administrativa, malversación, fraude y cohecho pasivo-- "reviertan en la ciudad como gran perjudicada".

En este sentido, la regidora, anunció en rueda de prensa que pedirá al Gobierno que la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales incluya una propuesta "para que las multas sostenidas como consecuencia de la corrupción municipal reviertan directamente en los municipios estafados"; una propuesta que ya presentó el Partido Popular en el Congreso de los Diputados y que fue rechazada por el PSOE "a pesar de estar respaldada por la firma de más de 25.000 vecinos de Marbella".

El objetivo sería "destinar esos 810 millones a subsanar la deuda de más de 300 millones de euros con Hacienda y la Seguridad Social", así como establecer también "un plan de inversiones" estatales para el municipio con el fin de "paliar" el déficit generado por "la falta de inversión en la ciudad durante más de 15 años".

A su juicio, se trata de un cambio "posible" porque, según recordó, cuando gobernaba el Partido Popular "se hizo efectiva una modificación legal por la que todo el dinero incautado por delitos de tráfico de drogas se destinaba a las asociaciones de ayuda contra la drogadicción".

"Marbella no puede convertirse en el gran negocio del Gobierno", afirmó la regidora, quien lamentó que el escrito de la Fiscalía cifre en 4,1 millones de euros el daño patrimonial al Consistorio "cuando la multa a Roca asciende a 810 millones y a 316 millones en el caso de los demás imputados", algo que, según añadió, ha supuesto "un duro golpe para los intereses de la ciudad".

Por otra parte, la alcaldesa consideró que el hecho de que las arcas de la Administración General del Estado puedan recibir las multas de los imputados del caso Malaya "es una auténtica barbaridad y no contribuye a que Marbella pueda salir adelante", al tiempo que aclaró que el equipo de gobierno "está legitimado por las urnas y por el clamor" de la ciudadanía marbellí contra una situación "indignante" para impulsar los mecanismos "que puedan reparar esta injusticia".