El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, Ricardo Puyol, ha impuesto al actor escocés Sean Connery y a su esposa Micheline una fianza cercana a los 3,5 millones de euros como garantía de las futuras responsabilidades pecuniarias a las que deberían hacer frente de ser condenados por su supuesta implicación en el «caso Goldfinger», relacionado con la operación de venta y urbanización de la finca «Malibú», antigua morada del artista británico.
En el auto, de 30 páginas y fechado el pasado 10 de junio, el instructor hace un relato minucioso de los hechos investigados en esta causa, abierta gracias a un informe de la Udyco y de la Agencia Tributaria, tal y como adelantó ayer la Cadena Ser.
La operación urbanística sobre la parcela marbellí, y su posterior reurbanización, es considerada presuntamente delictiva por la Fiscalía tanto en cuanto a la firma de convenios urbanísticos como al supuesto fraude al fisco español por más de 18 millones de euros sobre los beneficios producidos, unos 53 millones de euros, gracias a la venta de los apartamentos que se levantaron en este suelo.
En el proceso están también imputados el ex alcalde Julián Muñoz; el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca; el tasador José Mora; varios ex ediles tales como Alberto García Muñoz, Rafael González Carrasco, Marisa Alcalá o Tomás Reñones; diversos abogados con despacho en Marbella y el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes.
El magistrado imputa tanto a Connery como al resto de los acusados los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio.
El pasado 31 de mayo, Puyol decidió levantar el secreto de las actuaciones para las partes personadas, puesto que «el conocimiento de lo actuado no va a perjudicar la investigación en curso».
Algunos letrados pidieron la aclaración sobre una resolución judicial previa a los registros efectuados en las sedes de la firma DBT Abogados, ubicadas en Madrid y Marbella, y en presencia de los propios letrados, el pasado mes de mayo. Recuerda el instructor que los interesados «pudieron comprobar cómo era incorporada la documentación que este juez entendió guarda relación con los hechos objeto de autos, así como se devolvió directamente a los interesados aquella otra que, igualmente a juicio del magistrado, no guardaba relación con dicho objeto procesal».
Entre otros documentos, el juez investiga soportes informáticos y correos electrónicos relacionados con la compraventa de la finca «Malibú», su posterior urbanización y venta. La investigación arrancó en 2006.
