La Fiscalía presentó 30 querellas por más de 100 millones defraudados

josé antonio sau málaga La Fiscalía de Málaga presentó el año pasado treinta querellas por delitos contra la Hacienda Pública, la mayor parte de ellos cometidos por empresas (28) en el pago del Impuesto del Valor Añadido (IVA) o en el de Sociedades. El volumen económico que dejó de ingresar la Agencia Tributaria en estos asuntos supera los 100 millones de euros. Sólo en uno de ellos se investiga una defraudación cercana a los treinta millones.

La crisis ha motivado que los delitos económicos se disparen en la provincia, según explicó ayer el coordinador de esta sección en la Fiscalía de Málaga, Antonio González. Éste recalcó que en 2008 se investigaron en los juzgados de instrucción 94 asuntos de esta naturaleza, mientras que el número de 2009 se situó en 138, es decir, aumentó un 38%.

Las diligencias de investigación se mantienen prácticamente igual, en torno a las 40. De éstas, treinta terminaron en querella o denuncia ante los diferentes juzgados decano de la provincia: dos estaban relacionadas con fraude en el IRPF, y 28 con defraudaciones al fisco por parte de empresas. Seis se interpusieron en Málaga capital, 13 en Marbella, tres en Torremolinos, dos en Fuengirola y una en Estepona.

En el crecimiento de estos delitos no se pueden vislumbrar los efectos de la crisis, puesto que se inician cuando la Agencia Tributaria envía los expedientes de las defraudaciones mayores a 120.000 euros, y eso ocurre años después de que se haya producido el ilícito.

Donde sí se pueden ver los efectos de la crisis es en las insolvencias punibles, es decir, cuando el empresario esconde sus bienes para no pagar a sus acreedores. En 2008 se contabilizaron 23 asuntos de este tipo, frente a los 48 de 2009. «Antes de 2008 hubo un incremento de asuntos civiles sobre reclamaciones de deuda o impagos y, en el curso de esos procesos, se han detectado ciertas irregularidades de disposición fraudulenta de los bienes por parte de los deudores para eludir el pago de los créditos a favor de empresas o particulares», añade González.

Han aumentado asimismo los delitos societarios (acuerdos sociales injustos, administración fraudulenta, etcétera...), pasando de 22 a 35. Ello se debe, sin embargo, al colapso de los dos juzgados de lo Mercantil, que se las ven y se las desean para sacar adelante tanto papel. Además, «se utiliza la vía penal como medio más rápido para la tramitación de asuntos», explica, de forma que muchos jueces de instrucción han debido designar administradores judiciales, revocar acuerdos sociales o suspender otras decisiones de las juntas de las mercantiles, algo completamente inusual. La vía penal es más rápida y asusta más a quienes han incurrido en un supuesto delito.

El acusador público afirmó que, en otras ocasiones, los procedimientos por fraude fiscal se abren como consecuencia de otros asuntos tales como blanqueo de capitales, estafas o narcotráfico, en los que se elude el pago de determinados impuestos.

La cercanía de Gibraltar, un paraíso fiscal en toda regla, también explica la importancia de los delitos contra la Hacienda Pública, sobre todo en la Costa del Sol Occidental.

María del Mar López-Herrero, compañera de González, indicó que, a veces, la ocultación del dinero se realiza a través de sociedades interpuestas, «normalmente colocadas en paraísos fiscales, que es el gran problema».