El alcalde se empleó ayer con gran dureza contra los responsables de la Junta de Andalucía, a los que acusó de «hacer chantaje con el tema de Arraijanal a cambio de aprobar el PGOU».

De la Torre, que quiso responder personalmente a una interpelación sobre el PGOU dirigida desde las filas del grupo socialista durante el pleno municipal de ayer, acusó a la Junta de Andalucía de ser la responsable de que el plan general de Málaga aún no esté aprobado y de utilizar los suelos de Arraijanal como «arma de presión y chantaje».

El alcalde, que se empleó en todo momento con un tono de gran virulencia verbal, aseguró que «frente a nuestra lealtad y propuesta de consenso social, la Junta nos tendió una trampa y una celada cuando no quiso aprobar el PGOU el verano pasado alegando inseguridad jurídica, lo que era completamente falso».

Para De la Torre aquella decisión fue «un elemento de presión y de desestabilización política contra la ciudad».

Lo de la «inseguridad jurídica era falso porque lo que estaba detrás de todo era Arraijanal que está siendo utilizado por la Junta como un chantaje para aprobar el PGOU».

«La Junta lo que nos dice es ¿ustedes quieren el PGOU?, pues consíganme Arraijanal». A lo que respondió señalando que «estamos dispuestos a que el PGOU salga adelante, pero defendiendo los intereses de Málaga», en alusión directa a las compensaciones que el alcalde exige a cambio de que los suelos de Arraijanal aparezcan en el PGOU como un sistema general.

Comparecencia

Por todo ello, el alcalde llegó a retar al Ejecutivo andaluz señalando que «la Junta creó el problema de suspender el PGOU y ella tiene que responder ahora».

Como en otro asuntos acudió a la comparación con Sevilla al señalar que el PGOU de la capital andaluza «se aprobó con todas las bendiciones de la Junta. El nuestro sí que es un plan para glorificar al haber sufrido como un mártir el suplicio al que la Junta nos ha sometido, y ahora como inri, el chantaje de Arraijanal».

Todo este importate desahogo del alcalde vino a partir de una comparecencia solicitada por el PSOE. En ella el concejal socialista Sergio Brenes lamentó que el PGOU no cuente con el consenso social y económico necesario, pese a que «es el diseño del futuro de la ciudad» y acusó al equipo de gobierno de hacerlo «solo y de espaldas a los ciudadanos y a sus representantes».

Brenes, que preguntó a De la Torre si es cierto que la elaboración de este documento ha costado ocho millones de euros, advirtió de que el Plan General «es la suma de convenios urbanísticos que no favorecen el interés general, sino que tienen sólo un afán recaudatorio para intentar inyectar dinero a las arcas municipales del segundo ayuntamiento de España más endeudado por habitante».